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La propuesta del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, de convocar a referéndum el derecho de las mujeres embarazadas al aborto terapéutico y el derecho de parejas del mismo sexo a la “unión civil” es improcedente. Primero, los asuntos de fe no deberían ser materia de escrutinio público. Segundo, constitucionalmente no se pueden llamar a consulta proyectos que supriman o disminuyan derechos fundamentales. Finalmente, la injerencia de poderes fácticos (la Iglesia, los militares) en la formulación de políticas públicas atenta contra la autonomía de un estado democrático.
El debate sobre el aborto y la unión civil homosexual ha confirmado el carácter conservador de la sociedad peruana. Según una encuesta de representatividad nacional sobre los derechos humanos en el Perú (elaborada por el Ministerio de Justicia-Minjus a fines del 2013), el 68% cree que no debe permitirse el aborto en caso de violación (76% en las clases bajas y 83% en el mundo rural). Solo un 45% está de acuerdo con que profesores homosexuales enseñen en colegios. La gran mayoría reconoce que la comunidad LGTB está expuesta al maltrato físico (88%) y a la discriminación (93%). Somos un país en el cual el 42% afirma que los derechos humanos son un obstáculo para la lucha contra la delincuencia y el 60% está a favor de la pena de muerte por cometer actos terroristas.
Imaginemos que dicho referéndum procede. ¿Tendrían éxito las propuestas conservadoras? No necesariamente. De hecho, tengo malas noticias para los católicos conservadores: en medio del dominio tradicionalista, existen vetas progresistas. El peruano promedio suele mostrarse más liberal en su justificación de la interrupción del embarazo ante el peligro de la salud de la madre; un 62% está de acuerdo con esta medida (72% en las clases altas, 55% en las bajas). Un plebiscito sobre este punto sería desfavorable a la causa que defiende la Iglesia Católica.
La encuesta de Lapop (2013) también ofrece cifras similares: el 66% de peruanos favorece el aborto terapéutico, por encima del promedio latinoamericano. Este estudio señala, además, los determinantes a favor y en contra de esta conducta médica. Quienes cuentan con mayores niveles de ingreso y de educación, y viven en centros urbanos de gran tamaño, tienden a favorecer esta práctica. En cambio, las personas que le dan importancia a la religión –evangélicos más que católicos– suelen oponerse.
En contraste, el apoyo al matrimonio gay es aún minoritario, inferior al promedio latinoamericano (29% según Minjus, 26% según Lapop). Sin embargo, intuyo que de pesquisarse la “unión civil” en vez “matrimonio” (como reza el proyecto de ley presentado ante la Comisión de Justicia del Congreso), el respaldo a la convivencia homosexual podría crecer.
Los activistas de derechos humanos podrían trabajar estratégicamente con la información sobre los determinantes (nivel de ingreso, educación, urbanidad y religiosidad) y los efectos de los términos. Incidir en la preservación de los derechos fundamentales contribuye al desarrollo de una sociedad más liberal y justa. Hasta el momento, los latinoamericanos y peruanos somos conservadores; espero que no lo seamos siempre.
