El inversionista petrolero

Petro-Perú ha vuelto a recurrir al gobierno. Pide un “aporte de capital” de S/5.573 millones, es decir, aproximadamente, US$1.500 millones. Quien pide y pide poco es un loco. Petro-Perú pide, además, otras formas de apoyo financiero.

En el 2022, la empresa estatal pidió un préstamo de US$750 millones. Pide, ahora, “capitalizarlos”; es decir, no pagarlos. Solicita, además, seguir con la aplicación de la facilidad de documentos cancelatorios hasta por S/500 millones (unos US$135 millones), hasta el 2025.

Petro-Perú pide, además de todo eso, una garantía de línea de crédito de US$1.000 millones. La garantía no es dinero, pero significa un compromiso económico del Tesoro Público y, en última instancia, del gobierno.

La garantía de una línea de crédito permite hacer posible y más barato un crédito. La garantía también tiene un costo: debo dejar de usar el equivalente o un alto porcentaje de ese monto, para responder en caso de que sea necesario.

Si no fuera así, el Estado podría dar garantías para líneas de crédito para producir cobre, exportar arándanos o invertir en gastronomía en el extranjero. ¿Por qué tenemos que dar garantías al negocio petrolero?

En mayo del 2022, la petrolera obtuvo un préstamo de US$750 millones. Se dijo entonces, como ahora, que era para evitar un desabastecimiento de combustible. ¿Y por qué sucedería eso? ¡Pues porque Petro-Perú no cumplía sus metas!

Hasta el año pasado la deuda de Petro-Perú, por la nueva refinería de Talara, se acercaba a los US$5.000 millones. Con los préstamos de este año, la deuda ya pasará los US$6.000 millones.

¿Por qué el Estado Peruano se ha convertido en un inversionista en petróleo y refinación? “Inversionista” es un decir, porque en realidad pone plata, pide préstamos, los refinancia y no ve nunca la rentabilidad.

Los defensores de la “modernización” de la refinería de Talara sostienen que esta permitirá abaratar los costos del combustible. También dicen que se reducirá nuestra “dependencia” de las importaciones de combustible refinado, más caro.

Si tengo una deuda de US$6.000 millones, el precio del barril no es más barato. Será más “barato” el precio en el cartelito, en uno de esos cartelitos sobre las rumas de manzanas/papas en el mercado.

A diferencia de lo que pasa en un mercado, el costo del producto lo asimilamos por la deuda. No figura en el cartelito del precio. Es algo parecido, más bien, a un subsidio.

La independencia económica de un país no requiere que produzca él mismo, y a cualquier costo, lo que consume. Seremos más independientes del maíz importado no si el Estado invierte en maíz, sino si el Estado se hace más rico y tiene más recursos para comprarlo en el mercado internacional.

Lo mismo sucede con el petróleo. Si nos hacemos pobres para conseguirlo, no es buen negocio. Nunca seremos ricos si nos dedicamos a gastar el dinero de los contribuyentes en los sueños de opio de la independencia petrolera.

Petro-Perú nació en 1969, en la dictadura militar de Velasco. Van 54 años y, hasta ahora, no logró su objetivo. ¿Se necesita otro medio siglo para demostrar el fracaso de la estatización? ¿O simplemente hacemos cuentas?