:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/07d0a197-a3dd-4348-bece-b2d00050106d.png "María Cecilia Villegas")
Humberto Campodónico regresó a la presidencia del directorio de Petro-Perú, la empresa de propiedad del Estado dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros derivados del petróleo. Campodónico, el responsable de la modernización de la refinería de Talara –la inversión pública más grande en la historia del país, con una inversión total aproximada de US$6.000 millones– deberá demostrar en la práctica las bondades de su proyecto y los beneficios que tanto defendió.
Desde el inicio, expertos en el sector advirtieron de la pérdida que la refinería de Talara representaría para el Perú. Desde un punto de vista económico, el proyecto nunca debió haberse iniciado (IPE). De hecho, la capacidad de la nueva refinería excede la producción de crudo nacional. Más aun, esta inversión ocurre en una coyuntura en la que el mundo está dejando de lado el petróleo y moviéndose hacia energías limpias y renovables.
Petro-Perú es uno de los vestigios que aún conservamos de la dictadura de Velasco. Y uno se pregunta, ¿por qué si la Constitución establece como modelo económico la economía social de mercado, todavía conservamos en un sector competitivo, como el de hidrocarburos, una empresa pública? Más aun cuando el Estado Peruano ha demostrado su incapacidad para ser empresario.
Las economías, con la excepción de algunos países comunistas, funcionan con un sector privado que, a través del mercado, genera riqueza, bienestar, empleo y paga impuestos. Con la recaudación –es decir, los impuestos del sector privado–, el Estado financia el gasto público: las inversiones en salud, educación, agua y saneamiento, vivienda e infraestructura, entre otros. El objetivo del gasto público es redistribuir los beneficios del crecimiento económico. Sin embargo, esto difícilmente ocurre en el Perú. La corrupción, el mercantilismo y la captura de rentas imponen un costo adicional en los proyectos e impiden la adecuada redistribución.
La disfuncionalidad de nuestra democracia sumada a la falta de partidos políticos hace que no exista, salvo en un par de islas de excelencia, como el MEF y el BCR, una burocracia capacitada que siga una línea de carrera meritocrática y competitiva. Los partidos políticos se han encargado de copar el Estado a su paso por el Ejecutivo. La realidad es que tenemos un sistema mercantilista, plagado de corrupción y de mafias. Para lograr una democracia real, el Estado debe funcionar de manera eficiente, priorizando e invirtiendo en proyectos que generen un beneficio a la población y regulando adecuadamente el mercado.
El gigantesco presupuesto de Petro-Perú lo ha convertido en el botín codiciado de todos los populismos de izquierda que agitan la bandera de la nacionalización de los recursos naturales, como correctamente lo describió Fernando Vivas. La injerencia política en las decisiones empresariales y la falta de transparencia y rendición de cuentas llevó a la toma de decisiones equivocadas de las que absolutamente nadie se hace responsable. Hace unas semanas, Standard & Poor’s rebajó la calificación de Petro-Perú a BB+. Siendo que la deuda por la construcción de la refinería de Talara es el principal reto para la sostenibilidad de la empresa. Las obligaciones de largo plazo suman US$4.200 millones, eso significa que la deuda total de Petro-Perú excede en más de tres veces su patrimonio. Además de la refinería de Talara, Petro-Perú tiene en cartera la construcción del terminal de Ilo, la planta de abastecimiento de Ninacaca y la de la planta de ventas de Puerto Maldonado, y la explotación de los lotes 64 y 192. Jugosos contratos y un gigantesco presupuesto.
Si las decisiones tomadas en Petro-Perú y los escándalos de corrupción demuestran que el Estado Peruano no es un buen empresario, ¿por qué permitimos que lo siga siendo? Sobre todo considerando que los recursos para financiar sus proyectos salen del fisco, el mismo que debe financiar inversiones públicas en salud, seguridad o educación, porque la bolsa del Estado es una sola, financiada con los impuestos que pagamos todos y cada uno de los peruanos. La dirección de Petro-Perú debería ya estar en manos privadas.
