Dirigiendo los reflectores hacia Petro-Perú

El 28 de febrero, Petro-Perú, la empresa del Estado dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y derivados del petróleo, suscribió un contrato de licencia con el Estado Peruano (Perú-Petro) para la explotación de hidrocarburos –por 30 años– del lote 192, considerado el yacimiento petrolero más grande del país. Este tendría reservas probadas de crudo de 127 millones de barriles, pero no logró atraer postores privados. Y es que la regulación peruana para acceder a permisos de exploración y explotación es tan engorrosa que actualmente la exploración es prácticamente inexistente (solo hay tres lotes petroleros en exploración) y la explotación se ha reducido a su mínima expresión. Esto, por tres razones: falta de capacidad de las autoridades a cargo del sector, demoras en la obtención de los permisos y conflictos con las comunidades. El contrato suscrito por el lote 192 supone una inversión de US$638 millones. ¿Cómo conseguirá Petro-Perú el financiamiento? Sobre todo, si ni siquiera puede garantizar la continuidad de la operación del oleoducto Norperuano.

Con la firma de este contrato, Petro-Perú regresa a la explotación. Lo que es lamentable, porque la evidencia demuestra que el Estado es un pésimo empresario. De hecho, la injerencia política en las decisiones empresariales y la falta de transparencia y rendición de cuentas ha llevado a tomar decisiones equivocadas de las que nadie se hace responsable. Cuando el Estado hace actividad empresarial, aprueba e invierte en proyectos que no son viables económicamente, pero que generarán réditos políticos. Un ejemplo es la refinería de Talara, la inversión pública más grande en el país: US$8.050 millones (costo directo y recursos públicos comprometidos). Desde un punto de vista económico, el proyecto nunca debió haberse iniciado.

La mala gestión de Petro-Perú y la falta de transparencia en sus estados financieros llevó a que Fitch Ratings redujera la calificación crediticia de su deuda a “bono basura”. Como consecuencia, Petro-Perú se vio sin liquidez, lo que generó que en el 2022 no pudiera pagar siquiera la importación de combustibles. Para salvar la situación –y a Petro-Perú–, el MEF destinó de los recursos públicos (de los peruanos) el equivalente al 1% del PBI en aporte de capital (S/4.000 millones), línea de crédito (US$500 millones), préstamo (US$750 millones) y ayuda tributaria (S/500 millones).

Pero el lote 192 no es el único que quiere Petro-Perú. De hecho, el Gobierno busca otorgar un mayor número de campos de hidrocarburos a la empresa estatal para proveer de crudo barato a su nueva refinería. Dina Boluarte, en una maniquea declaración, anunció el 2 de febrero en Talara: “Los lotes petroleros I, I-VII y Z-69 (Z-2B) serán nuestros, del Estado”. La producción diaria de estos lotes equivale al 23% del total nacional y, aunque se encuentran hoy bajo el control de operadores privados, los contratos vencen entre el 2023 y el 2028. Si bien las empresas han informado su interés en lograr la homologación (renovación) de los contratos, no han tenido éxito.

La Constitución establece que el Estado solo puede realizar actividad económica de manera subsidiaria. Esto es, prohíbe de manera general que el Estado participe en actividades empresariales. Primero, porque es el sector privado el que puede desarrollarlas de manera más eficiente y sin costo para el Estado y, segundo, porque la evidencia demuestra que en las empresas públicas existe (i) interferencia política en la toma de decisiones, (ii) falta de incentivos adecuados para el buen gobierno corporativo y (iii) falta de competencia, ya que el Estado suele incentivar el monopolio en los sectores en los que participa. Y esta es precisamente la razón por la que la izquierda quiere una nueva Constitución: para poder cambiar el modelo económico y permitir que el Estado pueda hacer actividad empresarial y así capturar gerencias, directorios y los enormes recursos.

Como ejemplo de la competencia desleal del Estado cuando realiza actividad empresarial, el 14 de febrero, el Gobierno publicó un D.S. que faculta a la refinería de Talara a operar sin permisos. Petro-Perú podrá durante 18 meses producir combustibles sin la obligación de obtener certificados o títulos habilitantes. Un escándalo, ¿no? Bueno, no en este país de desconcertadas gentes y corrupción rampante