En los primeros días del próximo año, además de sus planchas para la elección presidencial, los partidos y alianzas en competencia deberán registrar sus planes de gobierno para el período 2016-2021. Como la delincuencia y la corrupción son vistas hoy como las principales preocupaciones de los peruanos, los partidos requerirán priorizar, en sus respectivos programas, reformas específicas de “segunda generación”, las cuales requieren, para su efectiva aplicación, de un consenso social amplio. No resulta muy creíble que la delincuencia o la corrupción puedan reducirse efectivamente sin reformas relevantes paralelas en el Poder Judicial, las que, por su naturaleza transcendente, deben proyectar su vigencia más allá del próximo lustro.
España tuvo, el domingo pasado, elecciones generales cuyos resultados han trastocado el bipartidismo con el que dicho país, con buen éxito relativo, se gobernó desde la muerte de Franco. Ciudadanos –de centro– y Podemos –de izquierda– son las nuevas agrupaciones políticas que participaron en la campaña electoral con sugerentes propuestas.
Una revisión de los índices de los programas de gobierno de estas agrupaciones pueden ayudar a aquellos equipos que vienen finiquitando los borradores de los planes partidarios a ser inscritos para no dejar de lado temas que se deben incluir.
Por ejemplo, Podemos, en su Programa del Cambio, listó cuatro ejes principales: 1) Plan de rescate ciudadano, 2) Empleo, innovación y nuevo modelo productivo, 3) Gobernar para la gente; y 4) Instituciones para la democracia (que incluían medidas contra la corrupción y en pro de la participación ciudadana). La propuesta incluyó un total de 215 medidas específicas. Al equipo de Verónika Mendoza le podría servir de ayuda para perfilar lo que podría ser un programa de izquierda moderna.
Ciudadanos, por su parte, planteó, en más de 300 páginas, un Nuevo Proyecto Común para España, cuyo primer capítulo se titula: Regeneración democrática e institucional, y que incluye sendos capítulos sobre política científica, cultural y deportiva. ¿Presentará algún nuevo candidato como Julio Guzmán un planteamiento así de integral?
Aprovecho este discurso para aclarar unos comentarios hechos por Carlos Meléndez en su columna hace dos semanas referidos a la prioridad y sentido de las propuestas de Transparencia, así como a observaciones específicas a algunas reformas. Critica Meléndez la ausencia de propuestas respecto del actual entrampamiento de la descentralización (que él considera más urgente que la reforma judicial), así como un presunto sesgo antipolítico en la elaboración de las mismas, y concluye señalando que no concuerda con la eliminación del voto preferencial ni con el financiamiento público de la política.
Transparencia no ha planteado prioridades entre sus propuestas, las que reconoce como parciales y limitadas a aquellas que pudieron alcanzar consenso en el grupo amplio plural y calificado que sus asociados conforman. Concuerdo con Carlos en que territorialidad y descentralización constituyen temas ineludibles en la agenda nacional inmediata. El territorio peruano, apenas 20% mayor al boliviano, cuenta con casi el triple de regiones y más del quíntuple de municipalidades. Y ya, en estas páginas, Gianfranco Castagnola ha delineado bien los desafíos complejos que plantea la inadecuada descentralización efectuada. Pero, en dichos temas, Transparencia no logró consenso.
De otro lado, tendría poco sentido que una institución cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de la democracia fuese antipolítica. Cuando las propuestas de Transparencia estén finalmente listas en su detalle, las queremos presentar y dialogar sobre ellas con los principales partidos y políticos, sin cuya anuencia no podrían ser aplicadas. La ventaja comparativa de Transparencia es su independencia y pluralidad intrínseca. Por ello, se ha preferido elaborar un consenso previo entre sus asociados, para después incorporar a los políticos en el diálogo. No se pretende excluir a nadie, sino manejar un proceso por etapas.
Respecto del voto preferencial, Transparencia solo ha planteado eliminarlo si, como condición previa, se diseña un sistema creíble de elecciones primarias internas. No se ha planteado una eliminación per se. Con respecto a que el Estado haga aportes nominales a los partidos, se cree que ello, además de asegurar su operación mínima, permitiría exigir a cambio un rendimiento de cuentas actualmente inexistente.
“El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado” dijo William Faulkner. Un peligro en los planes de gobierno 2016-2021 de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski es que resulten solo versiones actualizadas y mejoradas de los que presentaron hace un lustro. Este flash-back puede incluso resultar más marcado en el caso de Alan García, quien vuelve a ser candidato presidencial después de una década. El mundo ha cambiado, el Perú es y no es el mismo país, mejor estamos en muchas cosas, algo peor en otras. Las prioridades deben realinearse. Los planes reencauchados del 2006 y 2011 ya no sirven de mucho.
Si terminan siendo quince los candidatos a la presidencia, habrá harto plan de gobierno para leer en enero. Será necesario compararlos entre sí, en visión de país y propuestas, así como cotejarlos con los previos de los mismos candidatos. Una adaptación armónica al cambio constituye una virtud esencial en cualquier político que aspira a estadista.