La urgencia de la reactivación social

Uno de los principales desafíos que enfrenta el Perú es retomar la senda de la reducción de la pobreza y la desigualdad. En el transcurso de este milenio, la pobreza monetaria pasó del 59% (2004) a tasas de alrededor del 20% (2014-2019), lo que fue posible gracias a los efectos del crecimiento económico en empleo e inversión, así como a una mayor provisión de servicios públicos, especialmente los programas sociales dirigidos a ciudadanos en situación de pobreza.

Sin embargo, durante el quinquenio 2015-2019 el ritmo de reducción de la pobreza se desaceleró. Transitamos una meseta. Las cifras en promedio no se movieron significativamente, pero nos enviaban dos alertas muy claras. Primero, la progresiva urbanización de la pobreza. Segundo, la necesidad de adaptar las respuestas de política pública a un escenario complejo con dos frentes: a) la atención de ciudadanos atrapados en círculos de pobreza y b) respuestas para los sectores vulnerables que, si bien no estaban debajo de la línea de pobreza monetaria, corrían el riesgo de caer en ella si estaban expuestos a choques (pandemia, fenómenos climáticos, etc.).

Un reciente informe del Banco Mundial indica que el Perú es uno de los países más afectados por los impactos económicos y sanitarios del COVID-19, una situación que ha generado un deterioro de las mejoras sociales alcanzadas durante la década anterior. En el caso de la lucha contra la pobreza, el golpe fue durísimo: una década de retroceso, disparándose al 30,1%. Si bien la reactivación económica y los programas sociales contribuyeron a mejorar las cifras en el 2021 (25,9%), aún no recuperamos los niveles prepandemia.

Las perspectivas económicas del país no son alentadoras: la inflación viene golpeando la economía doméstica y las proyecciones de crecimiento nacional han sido revisadas a la baja por el Ministerio de Economía. La semana pasada el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que la pobreza habría aumentado dos puntos porcentuales, situándola alrededor del 27%. Próximamente, el INEI presentará las cifras oficiales de pobreza del 2022, lo que brindará un panorama integral sobre el desafío a enfrentar.

¿Qué necesitamos para acelerar la reducción de la pobreza y las desigualdades? Retomar el crecimiento económico es muy importante, pero no será suficiente. Se requiere romper la inercia en la gestión pública y respuestas renovadas al nuevo escenario. Cerca del 70% de los ciudadanos en situación de pobreza monetaria se ubican en el ámbito urbano, pero no contamos con instrumentos y estrategias frente a ello. En el Perú cometimos el error de invisibilizar la pobreza urbana y asumir que se reduciría por efecto del “chorreo” económico.

Atender el problema de la pobreza urbana no debe suponer una menor atención o la invisibilización de la pobreza rural, donde se concentra la pobreza extrema y se enfrentan brechas de servicios. Es necesario repotenciar las estrategias dirigidas a las zonas altoandinas y amazónicas, así como a los pueblos indígenas: si bien se lograron avances con programas sociales y de desarrollo productivo, estos no han sido suficientes para romper los círculos intergeneracionales de pobreza.

Responder a los nuevos desafíos en pobreza y equidad no solo requiere prioridad política, sino también capacidad estatal y demanda social. Es necesario precisar el rol de los gobiernos subnacionales (regionales y municipales) en la lucha contra la pobreza, fortalecer al Midis como ente rector de la política social y generar nuevos espacios para la colaboración público-privada. Asimismo, resulta clave que la sociedad civil demande mejores respuestas frente a la crisis alimentaria y el aumento de la pobreza. Avanzar en este frente es crucial para la legitimidad del sistema democrático.

En julio del 2021, abordé la necesidad de lanzar una agenda de reactivación social como complemento para la reactivación económica. Es necesario generar consensos políticos y técnicos en, por lo menos, cuatro frentes: a) Emergencia alimentaria, b) Desarrollo infantil temprano, c) Inclusión económica con énfasis en el desarrollo de habilidades, acceso a crédito y empleo temporal, d) Niños y adolescentes, priorizando la recuperación de aprendizajes y mitigación de los impactos generados por el prolongado cierre educativo.

Nos toca avanzar en la reducción de la pobreza en un contexto de vacas flacas. Es necesario construir sobre lo avanzado y reconocer que no existen soluciones ni mediciones mágicas, mejorar la calidad e impacto de las políticas sociales y ser transparentes sobre su efectividad en la reducción de la pobreza.