Ciudades y soberanía alimentaria

Hace unos días se publicaron los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2022, y las cifras son más que alarmantes: la tasa de anemia en niños de entre seis y 36 meses subió del 38,8% al 42,4%. En el ámbito urbano este porcentaje aumentó del 35,3% al 39% y en el rural, del 48,7% al 51,5%. En Lima Metropolitana pasamos del 30,4% al 33,9%. Ello, además de atentar contra sus vidas, restringe considerablemente sus posibilidades de poder aprender y desarrollarse intelectualmente, con lo que, de adultos, quedan limitados a tareas de baja remuneración.

Anemia, pobreza e informalidad están evidentemente relacionadas, y dado que son fenómenos multicausales, la planificación y el adecuado desarrollo urbano podrían aportar significativamente a su reducción. El Banco Interamericano de Desarrollo ha destacado en diversas publicaciones la importancia de promover la soberanía alimentaria para garantizar el acceso a productos diversos y saludables que aporten a la dieta familiar. Para ello, ha planteado algunas estrategias, como la adecuada distribución espacial de los mercados y el mejoramiento de sus redes de abastecimiento, el impulso y protección de la agricultura urbana y periurbana, y la reducción del desperdicio de alimentos. Todo ello está íntimamente ligado a la planificación urbana y a la adecuada gestión del suelo, que son las principales debilidades de nuestros gobiernos locales.

En la actualidad, diversas organizaciones vienen actuando sobre estos temas. Por ejemplo, la red de Agricultura Ecológica del Perú trabaja en los valles de Lurín y Chillón para reflotar y fortalecer la agricultura familiar, con la finalidad de evitar el abandono de las fincas. Por su parte, el proyecto “Praderas de vida” trabaja en el asentamiento humano “Las Praderas” (distrito de San Juan de Miraflores) para transformar zonas usadas como botaderos en huertos urbanos. Ambas iniciativas buscan mejorar la alimentación y economía de las comunidades, alejándolas de la pobreza y desnutrición.

Estos y otros esfuerzos podrían multiplicarse si estuvieran enmarcados en un plan de desarrollo urbano que promueva la agricultura urbana y periurbana como una acción contra el hambre y el cambio climático, como sucede en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, en Quito se ha conseguido promover 140 huertos comunitarios, 800 huertos familiares y 128 huertos escolares, a través de un ambicioso proyecto municipal. A otra escala, en ciudades como Barcelona y Mendoza se han creado parques agrarios para proteger las tierras rurales colindantes con el área urbana. Su principal reto ha sido el poder contrarrestar la presión urbanizadora, para lo que se ha buscado mejorar la rentabilidad de la producción agrícola mediante la tecnificación e industrialización. Asimismo, se han diseñado compensaciones económicas que reconocen su aporte ecosistémico. Estos esfuerzos ofrecen a las familias productos locales que permiten diversificar y fortalecer sus dietas, a la vez que aportan a las ciudades mayor resiliencia frente al cambio climático y a sucesos que afecten las cadenas externas de suministro (cortes de carreteras, cierre de puertos, etc.).

En el Perú, la informalidad y el tráfico de tierras, asociados a la falta de planificación y fiscalización de los usos del suelo, son los principales aliados del hambre y la pobreza. En Lima Metropolitana, la actividad agrícola sobrevive parcialmente en los valles de Lurín y Chillón, que soportan constantes presiones urbanizadoras. Lo mismo sucede en ciudades como Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Piura e Ica. A la pérdida del suelo agrícola debemos sumarle la precariedad de las ocupaciones informales, que no cuentan con los servicios necesarios para garantizar la vida de sus habitantes y que están desconectadas de los centros urbanos donde se puede conseguir comida y trabajo.

Como vemos, urgen acciones inmediatas que nos permitan revertir este decadente proceso, planificando nuestras ciudades bajo los principios de la soberanía alimentaria y la adaptación al cambio climático, con la finalidad de reforzar nuestra lucha contra el hambre y la pobreza.