Nuestro crecimiento ya no reduce la pobreza

El INEI ha confirmado una realidad muy grave: que la tasa de crecimiento que tenemos ahora ya no alcanza para reducir la pobreza. El año pasado crecimos 2,7%, pero la pobreza pasó de 25,9% en el 2021 a 27,5% en el 2022, nivel que teníamos en el 2011. Es cierto que el desastre de Castillo y la inflación contribuyeron a ese resultado, pero este año creceremos con suerte 1,8%, y lo más probable es que la pobreza vuelva a incrementarse. De más está decir que, si en los próximos años la pobreza se sigue agravando, el país se volverá inviable y podemos caer en la discordia social endémica.

Entonces es indispensable dar un golpe de timón para recuperar el rumbo económico del país. Ya es obvio que, como recordó el reciente informe del Banco Mundial, el crecimiento económico es el responsable del 85% de la reducción de la pobreza. Debería ser un objetivo nacional en estos momentos volver a crecer a tasas altas. Eso requiere acuerdos para aprobar las reformas que ayuden a destrabar y repotenciar el modelo económico, que ha sido ahogado por una proliferación de normas, requisitos y obligaciones que imponen costos que las pequeñas y medianas empresas no pueden pagar y anulan buena parte de la libertad económica indispensable para desplegar la iniciativa creativa de los peruanos. Y requiere también acuerdos para reformar el Estado, implantar la meritocracia, y replantear la educación y la salud públicas a fin de levantar la capacidad general de los peruanos y la productividad del país. Por supuesto, también requiere reformas políticas que aseguren representación y gobernabilidad y reformas de la seguridad y la justicia. Sin un mínimo de seguridad física y jurídica, no hay desarrollo posible.

Es el momento de regresar a las bases fundamentales de la construcción nacional. En ausencia de una confrontación con el Ejecutivo, habiendo paz política, el Congreso no tiene pretextos para no pasar de una agenda populista a una reformista. Hay reformas políticas clave, como la bicameralidad, la reelección, el financiamiento de los partidos, los impedimentos para postular y las causales para la acusación al presidente, que ya tienen dictámenes y podrían empezar a aprobarse estas semanas.

Pero, además, hay dos reformas estructurales clave que se podría aprobar en esta legislatura: una, propuesta por el MEF, que consiste en simplificar los regímenes tributarios pasando a uno solo gradual y progresivo, para permitir el crecimiento y la formalización de las empresas; lo mismo debería hacerse con los regímenes laborales. La otra es la reforma del sistema de pensiones, tomando la propuesta de Lampadia y la Asociación por Más y Mejores Pensiones para que todos los ciudadanos a partir de los 18 años puedan abrir una cuenta previsional donde se abone cinco puntos del IGV que pagan cuando compran algo. Esto universaliza las pensiones –que hoy solo alcanzan al 25% formal– y ayuda a formalizar también porque todos pedirán comprobante para que les devuelvan el 5% de lo que consumen. El efecto integrador de ambas reformas juntas sería muy potente, una verdadera revolución social.

Por lo demás, los ‘think tanks’ del país están dispuestos a asesorar al Parlamento en la elaboración de una agenda de reformas como la mencionada. El Congreso tiene que tomar conciencia de su responsabilidad en esta hora, para recuperar el país del caos y la desintegración. Tampoco vemos una conversación entre los partidos políticos de centro y derecha para apuntar a un programa común para el 2026, que pueda partir justamente de las reformas mencionadas. La inopia política y programática es penosa.

Pero hay otras señales algo alentadoras. Construcción Civil y Capeco están promoviendo escalar a nivel nacional el exitoso diálogo social que han desarrollado entre ellos. Sería un milagro que se lograse, pero es lo que demanda la hora.