Y el Estado, ay, siguió muriendo

Entre los legados negativos que nos dejan estos cinco años hay uno que no recoge la atención que merece: el debilitamiento del Ejecutivo y, con él, del Estado. Hemos sufrido una erosión de la burocracia y de ciertos procesos estatales que daban alguna estabilidad y predictibilidad a la gestión pública. Silenciosa y lentamente, el Ejecutivo se ha debilitado. El gobierno de transición ha logrado atraer buenos técnicos como ministros (aunque su capacidad política es menor), pero ello no debe ocultar el problema de fondo.

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Pongamos un poco de perspectiva. En general, todos los estudios comparados ubican al Estado peruano en la parte baja de la tabla de capacidad estatal en la región. Tenemos un Estado débil, con enormes problemas para gobernar su territorio, brindar servicios, controlar la corrupción y evitar influencias externas indebidas sobre sus decisiones. No es novedad que el Estado peruano sea precario.

Lo que sí es distinto si comparamos al Ejecutivo del 2016 con el actual, es que ha perdido peso. Burócratas que llevaban buen tiempo en el Estado han dejado sus puestos y procesos de reforma que estaban en curso han sufrido parones o retrocesos. Los ministros ya no son reemplazados por profesionales de similar nivel o por sus viceministros, sino que se hizo frecuente su cambio por funcionarios de menor nivel burocrático. Por supuesto, siempre reconociendo excepciones de calidad en cada gabinete. Hablo de una tendencia general. ¿Qué ha llevado a esta situación?

En parte importante, la inestabilidad política que ha producido más cambios de gabinetes y de ministros. El menor tiempo de duración de los ministros daña la burocracia. Con cada cambio se dan una serie de salidas y destituciones, reduciendo la experiencia acumulada en ciertas áreas. El otrora estable Ministerio de Economía ya no lo es tanto: ocho ministros en el periodo. El Ministerio del Interior, el más inestable antes de este quinquenio, ahora bate todos los records de recambio ministerial. Según un reporte de 50+1 realizado al final del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, mientras que a Toledo, García y Humala les duraban los ministros un promedio de 445, 616, 610 días respectivamente, a PPK le duraron apenas 291. Ya con Vizcarra y Merino, ni hablemos.

La inestabilidad también ha producido otro tipo de daño. Es cada vez más difícil atraer buenos profesionales al Estado. Los presupuestos no han cambiado, pero la disposición sí. El temor a ser maltratados en el Congreso hace que se piense dos veces antes de aceptar. Se suma a este temor las investigaciones por corrupción, que si bien necesarias e importantes, también han incluido a personas reconocidas en la administración pública. La desconfianza hacia el funcionario es enorme, lo cual hace que hasta para firmar medidas de emergencia haya temor. Entrar al Estado es visto como un riesgo muy alto.

Pero hay también responsabilidades individuales. Para comenzar el desinterés del gobierno de PPK de seguir apoyando ciertas reformas en el Estado. Además, malos nombramientos, algunos de personas muy cercanas al sector privado que carecían de conocimiento del Estado o interés en el mismo, incrementaron la debilidad.

Martín Vizcarra también carga con gran responsabilidad. Él sí tuvo capital político como para intentar reconstruir gabinetes más fuertes. Pero ello no sucedió, prefirió sus círculos de confianza. En parte por su estilo, pero sospecho que también porque necesitaba controlar espacios estatales por los que luego surgieron las denuncias en su contra.

Reitero: no se trata de decir que teníamos un Ejecutivo competente. Al revés, ya mostraba muchas falencias, corruptelas y debilidades. Mi punto es que estamos peor. Como he insistido en estas últimas columnas, criticar lo que había debe partir de reconocer lo que hemos perdido. Quien sea gobierno en julio próximo encontrará un Estado más débil al del 2016. Reconstruirlo no será fácil pues todo hace pensar que las condiciones que aceleraron este proceso, como un Congreso fragmentado, se mantendrán en el siguiente quinquenio.

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