La ciudanización de la justicia

En los últimos años, se ha criticado la creciente judicialización de la política. La clase política recurre a los tribunales o la fiscalía para resolver diferencias o definir las condiciones de la competencia política, a pesar de que existan otros mecanismos institucionales en su lugar. El voto, por ejemplo, está dejando de ser el mecanismo incuestionable para que lleguen nuestros representantes al poder. Desde las elecciones del 2016, la acusación de fraude ha buscado alterar los resultados de las urnas. En el camino, cuestionando los entes electorales y dañando la legitimidad de todo el sistema electoral de forma considerable. Como comenté en una columna anterior, nuestros debates políticos se han convertido en discusiones jurídicas (“Advocatus diaboli”, 26/10/22). Los CV de nuestras autoridades destacan por sus carpetas fiscales y no por logros legislativos o de gestión.

Y no me malinterpreten; el activismo judicial es parte integral de las democracias modernas. Como poder del Estado, es parte del balance y control: debe tomar acciones que interpreten la ley y la defiendan, al igual que proteger al ciudadano de los posibles abusos del gobierno.

Hace unos 12 años, algo más de 10.000 ciudadanos demandaron al Congreso ante el Tribunal Constitucional para despenalizar las relaciones sexuales entre jóvenes de 13 y 18 años, declarando inconstitucional lo previsto en el entonces vigente Código Penal que castigaba hasta con 25 años de prisión a los jóvenes que ejercían su libertad sexual. Este es un ejemplo clásico de cómo los ciudadanos y las ciudadanas pueden organizarse para proteger y extender los derechos ciudadanos desde el Poder Judicial.

Es lo que algunos autores denominan la “ciudanización de la justicia”. Es decir, la acción ciudadana utiliza el sistema judicial de forma proactiva para defender y extender derechos. Y esto ocurre a pesar de la oposición del Legislativo y el Ejecutivo. Casos internacionales notables, por ejemplo, fueron la desegregación de la educación pública, la legalización del matrimonio gay o el derecho al aborto en los Estados Unidos.

Dada la triste situación del Parlamento y el Ejecutivo, quizás deberíamos destinar más atención a los tribunales como ámbito de acción ciudadana. Ya aprendió a hacerlo la derecha conservadora y miren qué efecto nefasto ha tenido sobre lo sucedido con la equidad de género en nuestro país. Si no hay posibilidades realistas de participación política en partidos, entonces apoyemos a grupos de interés o de abogacía de nuestras preferencias y tendencias para ampliar la participación política y hacer política desde un enfoque de derecho.