Federico Salazar

Cambio de Gabinete. Renunció Aníbal Torres para darle apoyo a un eventual cierre del . Torres se presentó en el Congreso para pedir se derogue la Ley 31399. Y pidió la .

La ley repite que las reformas constitucionales deben pasar por el Congreso. El Ejecutivo quiere reformar la Carta Magna sin el Congreso.

No se puede pedir voto de confianza para hacerle un hueco a la Constitución. El TC ha sido claro: las cuestiones de confianza se piden con respecto a “los asuntos que la gestión del Ejecutivo demande” (fundamentos 75 y 76 de la Sentencia del TC, exp. 0006-2018-PI/TC).

La gestión del Ejecutivo está señalada en la Constitución: “La dirección y gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo” (Art. 119).

Pedir confianza para la derogación de una ley solo sería posible si esta obstruyese la tarea del Gobierno. La Ley 31399 no obstaculiza las funciones de los ministros.

Aníbal Torres pidió “voto de confianza” para derogar esta ley. Agregó que, si no se daba trámite a su pedido, sería como rechazar la confianza.

La confianza, sin embargo, debe rechazarse en un acto de votación del pleno. Eso no ha sucedido. La Mesa Directiva del Congreso dijo que no procedía.

La Mesa no usó bien el idioma. Acordó “rechazar de plano” el falso “voto de confianza” solicitado por Torres.

No se aceptó la jugarreta, el falseamiento de la cuestión de confianza. El Gobierno, sin embargo, quiere hacernos creer que hubo un “rechazo” a una supuesta cuestión de confianza.

“Luego de este rehusamiento expreso de la confianza con la expresión de ‘rechazo de plano’ –dijo el presidente Castillo– y habiendo aceptado la renuncia del premier […], renovaré el Gabinete. Invoco al Congreso de la República a respetar el estado constitucional de derecho”.

El nuevo Gabinete está conformado para seguir con la estrategia del engaño. Va a buscar un segundo falso rechazo de otro voto de confianza, verdadero o falso. El Gobierno quiere, obviamente, cerrar el Congreso.

La denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra Castillo obra en el Congreso. Si lo cierran, se esteriliza la investigación y se dejan de ventilar los graves delitos relacionados al gobierno actual.

Un aspirante a colaborador eficaz ha revelado el fondo de este cambio ministerial. Ha señalado que Pedro Castillo ordenó a Auner Vásquez coordinar designaciones en los ministerios con varios congresistas.

Nombramientos en los ministerios de Salud, Ambiente, y Energía y Minas, se habrían coordinado con miembros de Perú Libre. Con algunos de Somos Perú, los de Cultura.

Habría coordinaciones con Juntos por el Perú, por la ministra de la Mujer; con Acción Popular, por el del titular de la Producción y el viceministro de Pesca. Con el legislador Enrique Wong, de Podemos Perú, designaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (El Comercio, 25/11/2022).

Esta sería la trama que sostiene al poder. Casi no hay división de poderes. Lo que hay es cooptación, corrupción y loca carrera por cerrar el Congreso para cerrarle el paso a las investigaciones.

Se trata, simplemente, de la carrera por proteger a Castillo. Y por capturar el poder total para la corrupción total.

Federico Salazar es periodista

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