Veinte años del informe de la CVR

Veinte años después de la presentación del “Informe final” de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), nos encontramos en un clima de mucha mayor confrontación y polarización política, de la extensión y legitimación de discursos extremistas y demagógicos, de la difusión habitual de noticias falsas a través de redes sociales y otros medios, que son parte de corrientes que recorren el mundo entero. El intento de “esclarecer la naturaleza del proceso y los hechos del conflicto armado interno que vivió el país [entre 1980 y el 2000], así como de determinar las responsabilidades derivadas de las múltiples violaciones de los derechos fundamentales ocurridas en aquellos años” está inevitablemente atravesado por la confrontación política actual.

Lamentablemente, parte central de los debates actuales nos remite a los temas analizados por la CVR hace 20 años. Hoy, por ejemplo, discutimos sobre 49 muertes ocurridas en el contexto de protestas sociales, existen indicios de la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales frente a las que la justicia actúa de manera lenta, el Ejecutivo no muestra iniciativa en el esclarecimiento de los hechos e, incluso, algunos sectores consideran las muertes como un costo inevitable de una reacción represiva legítima ante la acción violenta de actores ilegales que recurren a prácticas terroristas.

Los temas del pasado son parte de nuestro presente, aquí y en muchas otras partes, y se mezclan con los temas actuales. En nuestro país, el mes pasado asistimos a la lectura de sentencia por los crímenes del Caso Cayara, ocurridos en mayo de 1988. Al mismo tiempo, al escribir esta columna me enteré de una emboscada perpetrada por una columna terrorista en la que cuatro miembros de nuestro ejército perdieron la vida, y tres fueron heridos de gravedad, en el distrito de Putis, región Ayacucho.

El tema de las violaciones de los derechos humanos ocurridos décadas atrás está muy vigente en varios de nuestros países. En Chile, la semana pasada, la Corte Suprema de dicho país refrendó la condena a siete exmilitares del ejército por el secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara, ocurrido después del golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973. Y en Argentina el mes pasado se inició el procesamiento del apropiador, de casi 90 años, del nieto 133 identificado por las abuelas de Plaza de Mayo, nacido en 1977.

¿Cómo encarar de manera constructiva estos asuntos en el Perú de hoy? Para empezar, el “Informe final” de la CVR es una referencia fundamental, pero 20 años después resulta relevante recordar lo que el propio informe postula: que su mensaje es perfectible. En tanto su análisis se refiere “a procesos sociales ligados a una memoria conflictiva y fragmentada […] debe por eso ser continuada y enriquecida con la participación de la sociedad civil, el Estado y los organismos que habrán de crearse para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del informe […] habrá lugar en él siempre para acoger nuevos testimonios de víctimas aún desconocidas, así como nuevas perspectivas de análisis o de crítica que contribuyan a su reescritura continua”.

En esa línea, el informe de la CVR debería ser una pieza fundamental, pero ciertamente no la única, para intentar construir un consenso político mínimo, tan necesario en nuestros días: el rechazo total a la violencia como forma de acción política o su legitimación en el discurso político; la defensa de la democracia como forma de régimen para superar conflictos; la necesidad de una respuesta estatal oportuna y eficaz ante las amenazas a nuestra seguridad, respetuosa de los derechos humanos; el compromiso de justicia y reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Y, más allá, el compromiso de atender las necesidades y demandas de la población más afectada por la violencia, “las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado” que “no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país”. En realidad, no es demasiado pedir.