"No hay que esperar el final de la crisis del COVID-19 para avanzar en estos temas, puesto que toda labor de recuperación de la economía va a requerir la reconstrucción del aparato productivo". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"No hay que esperar el final de la crisis del COVID-19 para avanzar en estos temas, puesto que toda labor de recuperación de la economía va a requerir la reconstrucción del aparato productivo". (Ilustración: Giovanni Tazza)
Marco Kamiya

ONU-Habitat, División de Conocimiento e Innovación

La política industrial está siempre en debate, puesto que no hay país que logre el desarrollo sin empresas modernas y sólidas. Entonces las preguntas son: ¿debe el Estado intervenir en la economía?, ¿debe apoyar sectores específicos?, ¿cómo debe hacerlo? Hay modelos de intervención tipificados por Irlanda: impuestos mínimos para atraer empresas extranjeras, Singapur: incentivos a la inversión extranjera con promoción de capacidad técnica interna, o Corea del Sur: selección y apoyo a sectores industriales con incentivos y subsidios. Entre ellos hay una gama de políticas donde los países intervienen más o menos, pero es innegable que la política industrial tiene un papel preponderante y exitoso en Japón, Corea, China, Alemania, Suecia y Finlandia, entre otros.

Esta discusión es esencial al referirnos a las ciudades puesto que aquellas que ofrecen prosperidad, con elevados ingresos y oportunidades, forman parte de los países donde se diseñan las políticas macroeconómicas. Las políticas industriales tienen diversas denominaciones: el Banco Mundial prefiere llamarlo ‘ambiente de negocios’, el Banco Interamericano de Desarrollo lo designa ‘políticas de desarrollo productivo’, en África y Asia es más explícito, no hay temor de definirlo como ‘política industrial’.

El Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe institucional “Repensando el desarrollo productivo” (2016), describe cómo la productividad de América Latina ha descendido en las últimas cuatro décadas en relación con Estados Unidos y el este de Asia. El informe recomienda impulsar la educación, la innovación y el financiamiento como base para expandir los clústeres productivos (sectores industriales) a nivel internacional. Una mayor omisión –los autores son conscientes de ello– es la falta de un capítulo abordando la planificación urbana de las ciudades como elemento explicativo de la baja productividad de la región.

En África el interés de los gobiernos en las políticas industriales es constante. En las reuniones de expertos en políticas sociales, urbanas o macroeconómicas, siempre hay un espacio para discutir el desarrollo productivo. En el informe de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas “Política industrial transformativa para África” (2016), se propone explícitamente diseñar medidas para expandir la productividad de la industria a fin de generar empresas de excelencia internacional.

En los países del este de Asia la política industrial siempre ha sido un pilar del desarrollo. En Japón y Corea, desde los años 60 y 70 la política económica ha estado siempre vinculada a promover industrias, incluso cuando en los comienzos no existían ventajas comparativas, esas capacidades se generaron primero para impulsar la manufactura y, paralelamente los servicios. Toyota, Mitsubishi, Samsung y Hyundai no pueden explicarse sin hacer referencia a los comités de coordinación público-privados y a la protección inicial de los sectores para darle tiempo a las empresas de generar capacidades internas antes de abrir los mercados. Japón acuñó el concepto de ‘sangyo seisaku’, que significa ‘política industrial selectiva’.

Pero hay que ser cautelosos, pues política industrial no significa apoyo incondicional al sector privado. Existen dos elementos que son determinantes y que requieren de especial atención. El primero es la capacidad técnica del sector público que lidera el proceso, porque diseñar políticas de desarrollo productivo requiere de una comprensión del mercado internacional y de las fortalezas de las empresas, y además de un sector privado dispuesto a coordinar y realizar los cambios necesarios. El segundo es el ámbito urbano, con sistemas apropiados de adquisición de terrenos, permisos de construcción, por un lado, y apropiada infraestructura local para facilitar la movilidad de personas y de componentes para hacer más eficiente la producción.

No hay que esperar el final de la crisis del COVID-19 para avanzar en estos temas, puesto que toda labor de recuperación de la economía va a requerir la reconstrucción del aparato productivo. En un contexto de posible proteccionismo del comercio internacional, los países necesitan seguir avanzando en la planificación de las ciudades, y al mismo tiempo continuar con la mejora –meritocrática y eficiente– de los recursos humanos y técnicos de los gobiernos centrales y locales.

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