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Keiko Fujimori reapareció en escena pública para hacer una crítica al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No ha hecho nada, sentenció.
Fujimori se olvida que su grupo político también está en función pública. Tiene la mayoría en el Congreso. ¿Qué ha hecho esa mayoría sobre los problemas esenciales de la sociedad? Lo mismo que Kuczynski: nada.
Los políticos se indignan, pero no hacen. Lo mismo vale para la señora Verónika Mendoza, del Frente Amplio. Su grupo no ha presentado ninguna propuesta importante sobre estos problemas esenciales.
Lo que más se critica al gobierno de PPK es su escaso avance frente a la delincuencia. Es una crítica acertada, pero no ayuda si no damos un paso más: qué es lo que hay que hacer.
La banda Monos de Quepepampa se dedicaba a la extorsión, el sicariato, el secuestro y los asaltos. Se hizo un seguimiento de sus actividades, se les detuvo y se les llevó ante la justicia.
El ex juez Luis Felipe Orozco los liberó. Dijo que la investigación fiscal era defectuosa.
Debido a la presión pública y política, el juez dejó el cargo. No fue investigado, no fue procesado, no fue despedido. Solo se concluyó su nombramiento, porque no era juez titular.
Los representantes del régimen actual no han dicho qué estuvo mal en este caso. No han planteado ninguna reforma a partir de este caso ni en el Poder Judicial, ni en el Ministerio Público, ni en legislación penal.
Los estériles carajos de un viceministro al respecto revelan capacidad para sorprenderse, pero no para responder.
Los líderes de la oposición tampoco han dicho nada. Todos se han dedicado a expresar su indignación y blandir el dedo acusador. ¿Propuestas? Ninguna, de nadie.
El Caso Monos de Quepepampa no es único ni nuevo. El gobierno no debería sorprenderse, debería haber hecho cambios.
Si alguien quiere realizar cambios en la seguridad ciudadana, debe empezar estudiando estos casos emblemáticos.
¿Tenemos información de cómo fue hecho el informe fiscal? ¿Tenemos información de la sustentación del juez?
Los jueces tienen que ser autónomos e independientes, pero no pueden ser dueños absolutos y arbitrarios de sus decisiones. Estas se tienen que sujetar a la ley, a la verdad, a la justicia.
¿Quién controla las decisiones judiciales? ¿Cómo las fiscalizamos sin atentar contra la autonomía del Poder Judicial y, sobre todo, la del juez?
La oscuridad favorece la arbitrariedad. Las resoluciones judiciales no se pueden conocer públicamente. No hay acceso a través de la web, por ejemplo, cuando se trata de temas penales.
Si no se le devuelve a la ciudadanía poder para fiscalizar las decisiones judiciales, no podremos avanzar.
Las resoluciones tienen que estar en línea y publicarse inmediatamente. Este es solo un ejemplo.
Lo mismo debe suceder con los informes policiales que forman parte de un expediente fiscal. No hay ninguna ventaja en mantener esa información en secreto. Debe poder ser pública, una vez que se presenta ante el juez.
El legalismo y el burocratismo, en general, tienen que reformarse radicalmente. No se ha avanzado mucho desde el lado institucional.
Desde el lado político, ¿hemos visto que se formen comisiones de estudio y reforma? ¿Las hay en Peruanos por el Kambio, en Fuerza Popular o el Frente Amplio?
¿O no es tan importante que un juez libere a 29 acusados de sicariato, secuestro y asaltos? ¿O no es tan importante que en esta banda hubiera policías involucrados?
¿Están de vacaciones? ¿Dónde están los especialistas de los partidos? ¿O no los tienen?
La política no debe ser solo para pifiar o aplaudir. Debe ser, principalmente, para actuar. El gobierno, sin embargo, se dedica a los carajos, y los partidos y grupos políticos, a sus agendas internas.
La delincuencia avanza. Los políticos –gobierno y oposición– atienden cualquier otro tema, antes que el tema más acuciante que sufre la población.
No nos quedemos en el histrionismo de la indignación. Discutamos las reformas que requerimos para recuperar la seguridad, la justicia y la paz.
