El ‘poquitazo’ ambiental, por Irma Montes Patiño

El último manotazo que intenta imponer Palacio, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se refiere al último ‘paquetazo’ ambiental, que poco considera y protege el tema ambiental. Por eso no sabemos si llamarlo ‘paquetazo’ o ‘poquitazo’, pues su poca eficacia está garantizada. El proyecto de ley 3941, cuyo predictamen se debatirá hoy en una comisión congresal, es un cuarto paquetazo ‘reactivador’ con escasas salvaguardas para proteger eficientemente los territorios indígenas, y esto en el Perú es una receta para el desastre, una bomba de tiempo para quien asuma el próximo gobierno. El nuevo paquete generará un mayor clima de conflictividad social y, sin duda, sentará las bases para más lamentables ‘baguazos’. 

Organizaciones especializadas y consultadas han dejado sentado que sería riesgoso aprobar este predictamen sin antes solucionar temas cruciales como los saneamientos físico-legales de los territorios de los pueblos indígenas. Sugieren, además, contar con una base de datos actualizada –como venimos sosteniendo en esta columna– de estos territorios y propiedades rurales, pero además que alcance a aquellos que estén “en proceso de reconocimiento o titulación”, como lo sugiere acertadamente la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Así, la pomposa Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible es apenas un ejercicio aritmético para intentar mejorar los números de una economía enfriada, que de crecer más de 8% en el gobierno anterior ahora no pasa de un escuálido 2,5%. Nada indica que esta ley, que el gobierno de los Humala pretende dar en su último tramo, logre atraer más inversiones y menos lograr el desarrollo sostenible de zonas estratégicas. Y esto, simplemente, porque cada intento reactivador no ha hecho sino generar desconfianza, efervescencia social que paraliza proyectos y una población que ya está convencida de que no importa cuánto hagan oír sus voces disconformes a través de protestas, este es un país donde la ausencia del Estado es ya patológica.

Entre las principales críticas está que los encargados temporales de integrar los EIA podrían ser autoridades sectoriales, como el Ministerio de Energía y Minas, haciendo así de juez y parte de la certificación ambiental. Ello hasta que se implemente el procedimiento de certificación ambiental global (CAG), algo que puede tardar más de lo deseado próximos a un cambio de gobierno, cosa que podría incendiar la pradera.

Otra objeción es que la norma no cuenta con suficientes salvaguardas para proteger los territorios de los pueblos indígenas. Ya un pronunciamiento de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) denuncia que la norma “pretende socavar la seguridad jurídica de los territorios comunales”, pues peligran los territorios de comunidades campesinas y nativas que no tienen un título de propiedad inscrito.

Temas cruciales que quedan sin aclarar en un contexto en el que los indígenas reclaman control de los recursos bajo sus tierras y que mientras estos derechos no se definan claramente y no se individualicen los derechos de las familias dentro de las comunidades, el Estado se verá obligado a tratar con intermediarios no representativos que se arrogan tal derecho y ahí empiezan los problemas sociales como el reciente ‘pichanakazo’, dirigido por un violentista etnocacerista o lo ocurrido en Loreto, azuzado por un “asesor” estrechamente vinculado al MRTA. A estar atentos.