Por desidia o por flojera

Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, la prensa ha revelado gravísimos hechos de corrupción, sin que ninguno de los otros dos poderes del Estado, el Congreso de la República y el Poder Judicial, hayan sido capaces de enfrentarlos correctamente. Mientras, la indignación selectiva de los ciudadanos se detiene en las redes sociales y el WhatsApp. No por nada somos un país de desconcertadas gentes.

El Perú está camino de convertirse en un Estado fallido. Esto es, un Estado que no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, con una altísima incidencia de corrupción política e ineficacia judicial, donde la informalidad y la precariedad son la norma y el Estado no puede imponer la ley. Todo esto ocurre frente a nuestros ojos. Pero desde San Isidro, Miraflores y La Molina, la miopía nos enceguece y seguimos creyendo que aquí no pasa nada. Que el Perú es más grande que todos sus problemas. Y es que cada quien ve lo que quiere ver.

Desde hace muchos años, el crimen organizado ha logrado capturar las instituciones políticas y llevar al poder a personajes cuyo único fin es enriquecerse a costa del Estado, quebrar instituciones e infiltrarlas para lograr beneficios ilegales e ilegítimos. Y esto no se limita exclusivamente al financiamiento de los partidos políticos y los candidatos. De hecho, hemos tenido mineros ilegales que han llegado al Congreso. Y los peruanos estamos tan acostumbrados a la corrupción y la violencia que ya no solo no nos indignamos, sino que difícilmente estamos dispuestos a hacer algo para cambiar la situación.

Somos testigos de cómo el gobierno de Pedro Castillo está copando las instituciones del Estado con personajes sin capacidad ni la experiencia necesaria para el cargo, destruyendo lo poco que funcionaba. Somos testigos también de cómo, a través de oscuras negociaciones, se favorece a grupos informales e ilegales. Tomemos al exministro Silva como ejemplo. Desde su nombramiento, se cuestionó su falta de experiencia. Durante su gestión, favoreció a grupos de transportistas informales y para lograrlo se debilitó a entidades como la ATU y la Sutrán, cambiándose veintidós gerentes y directores, entre gallos y media noche. Además, contraviniendo toda lógica, en un pacto con el Congreso, el MTC legalizó los taxis colectivos. La agenda fue siempre clara y ni el Congreso de la República fue capaz de censurar al ministro ni el Poder Judicial de abrirle investigación.

Los audios filtrados la semana pasada son la prueba irrefutable de una larga lista de denuncias e indicios sobre los actos de corrupción vinculados al presidente Castillo, sus asesores y a los miembros de su partido político. En estos audios se escucha cómo el exministro Silva, operador de Pedro Castillo, recibe dinero, cien grandes, como agradecimiento por la adjudicación de contratos de obras públicas. Esto es un soborno que recibe al haber entregado beneficios ilegales utilizando su puesto como ministro. En un país con un mínimo de conciencia, esto debería ser suficiente para lograr que el presidente de la República renuncie y se ponga a disposición de la justicia. Pero no en el Perú.

Lo cierto es que convivimos con la corrupción, la informalidad y la incapacidad del Estado desde el inicio de la República. Y no hemos tenido el valor de enfrentar la corrupción y el impacto que esta tiene en el funcionamiento del país. Asumimos los costos de transacción que esta genera (costos adicionales que asumen las empresas y las personas naturales en coimas, falta de infraestructura y pésimos servicios) y seguimos viviendo sin levantar la voz. Por desidia o por flojera. De hecho, las redes de corrupción son tan conocidas que en los audios podemos escuchar a Zamir Villaverde decir: “Así como ahorita todos sabemos que Edmer Trujillo hasta ahorita sigue siendo el operador de Martín Vizcarra”. Cada presidente ha tenido su operador.

El problema es que, como van las cosas, sin partidos, sin oposición y sin justicia, no habrá salida si es que los ciudadanos no deciden levantarse y jugársela por el país.