La Constitución establece que el Estado solo puede realizar actividad económica de manera subsidiaria. Esto es, prohibir de manera general que el Estado participe en actividades empresariales. Primero, porque es el sector privado el que puede desarrollarlas de manera más eficiente y sin costo para el país; y segundo, porque la evidencia demuestra que en las empresas públicas existen interferencia política en la toma de decisiones, falta de incentivos para el buen gobierno corporativo y falta de competencia, ya que el Estado suele incentivar el monopolio en los sectores en que participa. Y esta es la razón por la que la izquierda viene impulsando (y engañando a los peruanos) para lograr una nueva Constitución: para cambiar el modelo económico, implantar un sistema socialista y permitir que el Estado pueda hacer actividad empresarial y así capturar los enormes recursos del Estado, como hace con Petro-Perú.
El sistema capitalista de la libre empresa es el mejor modelo económico. De hecho, es gracias a la innovación que genera el capitalismo que se han logrado los grandes avances que han permitido el progreso de la humanidad. Es desde la aparición del sistema de libre mercado que la creación de riqueza se disparó como nunca antes y, con ella, la formidable reducción de pobreza que hemos experimentado en el ámbito global. En 1820, el 94,4% de la población mundial vivía en pobreza y el 84% en pobreza extrema. Para el 2019, menos del 10% vivía en pobreza extrema.
El capitalismo es un sistema económico y social que sostiene que los medios de producción son de propiedad privada y que es el mercado el mecanismo que asegura el uso eficiente de los recursos para generar riqueza. A través del ejercicio de la libertad económica, un empresario identifica una demanda por bienes o servicios y crea una empresa para producirlos y ofrecerlos a los consumidores. Y estos –los consumidores– son libres de elegir qué consumir. El sistema capitalista de la libre empresa promueve la propiedad privada, la libre competencia y los mercados y, por lo tanto, es incompatible con la corrupción y el mercantilismo, pero también con el racismo y la discriminación. Mientras que el socialismo sostiene que el Estado es el propietario de los bienes de capital y quien debe asignar los recursos. De más está decir que la evidencia demuestra que el socialismo ha empobrecido a los países donde se ha implementado, ya que busca repartir antes que generar riqueza. El socialismo iguala hacia abajo limitando el desarrollo de los países y el bienestar de los ciudadanos.
La izquierda sostiene que el capitalismo es el responsable de todos los males y que el Estado, al hacer actividad empresarial quitándosela a los privados, resolverá los problemas del Perú. El problema es que la retórica socialista de justicia social y preocupación por los más pobres suele calar en el corazón de las personas. ¿Pero no es acaso cierto que es gracias a la innovación de la empresa privada que se ha logrado mejorar los indicadores de salud como la mortalidad materno-infantil y lograr aumentar la expectativa de vida? Si la evidencia es tan clara, ¿por qué en el Perú se siguen implementando políticas retrógradas y fallidas?
Son los líderes empresariales y de la academia los que están llamados a levantar la voz y con evidencia empírica enfrentar a quienes quieren imponer el retroceso del país. Una de las batallas que debemos comprarnos es la de Petro-Perú. Porque es una batalla ideológica contra quienes quieren al Estado haciendo empresa y limitando la libertad empresarial para capturar los enormes recursos del país, a pesar de que saben que eso implica mayor pobreza. El Estado no es empresario y no debe serlo. Esta es una batalla contra la corrupción, la captura de rentas y el despilfarro de recursos. Pero también contra los políticos que creen que pueden hacer lo que quieran sin rendir cuentas y contra la incapacidad del Gobierno para priorizar las inversiones que cierren brechas sociales y de infraestructura que permitan encauzar al Perú hacia el desarrollo.
Los líderes empresariales tienen un rol impostergable como agentes de cambio y, por ello, detener a Petro-Perú e impulsar su privatización es una batalla que debemos dar.