Alejandra Costa

En una democracia funcional, jamás habría logrado ser presidenta del Consejo de Ministros. Que Chávez reemplace al también cuestionable Aníbal Torres tras una fallida pantomima basada en la cuestión de confianza, solo ha sido posible debido a que nuestra política actualmente se parece más al ‘Rincón del Box’ que a un sistema en que distintos actores pugnan por encumbrarse como los más capaces para solucionar los problemas del país.

Solo en un sistema político podrido como el nuestro, se puede nombrar a la cabeza del Gabinete a alguien cuyo único mérito es ser rechazada por gran parte del . Solo un gobierno que no tiene el más mínimo interés por promover la inversión privada y la generación de empleo puede darle el segundo puesto de mayor poder en el Ejecutivo a una persona que ha demostrado incapacidad absoluta para tomar decisiones de política pública en beneficio de la población.

Durante su paso por el Ministerio de Trabajo, Betssy Chávez será recordada por haber promovido el decreto supremo que le puso límites a la tercerización, una regulación tan mal hecha que sus efectos han sido suspendidos por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual de Indecopi y que probablemente será declarada inaplicable por este tribunal.

Para impulsar este cambio en la legislación laboral, Chávez decidió no hacerle caso a la normativa que la obligaba a prepublicar el decreto supremo y se saltó al Consejo Nacional del Trabajo (CNT), donde se deben buscar consensos entre los empleadores y los trabajadores. Esta falta de respeto a los procesos y a la búsqueda de acuerdos fue lo que llevó a los gremios empresariales a retirarse del CNT hasta el día de hoy.

También podemos listar entre las ‘perlas’ de Chávez las modificaciones a las reglas de negociación colectiva y la huelga de controladores aéreos que, con la venia del Ministerio de Trabajo, causó la cancelación de vuelos en plena Semana Santa, lo cual le ganó la censura del Parlamento.

Lo que queda claro es que la presencia de Chávez no hará más que exacerbar el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, que parecen haberse quitado los guantes esta semana y haber entrado a un nuevo ‘round’ en el que golpearán a matar o tendrán que morir.

En tanto, el país está inmerso en un paro de transportes indefinido del que poco se habla. La única decisión que ha tomado el Gobierno sobre este sector ha sido nombrar a Virgilio Acuña, el más público aliado de Antauro Humala, como viceministro de Transportes.

También hay una alta incertidumbre sobre qué tan responsable fiscalmente va a ser la Ley de Presupuesto para el 2023 que el Congreso debe aprobar antes del miércoles 30 de noviembre.

Y, mientras tanto, el Gobierno está más preocupado en demostrar que la cuestión de confianza fue, en efecto, rehusada por el Congreso y que solo falta que se le niegue la confianza a Chávez para poder cerrarlo.

Los peruanos ya estamos hartos de las maromas. Hartos de que los políticos estén más preocupados en librar batallas entre ellos que en siquiera tratar de iniciar la guerra contra los problemas del país como la informalidad, el subempleo, la pobreza, la anemia, la baja productividad, la inseguridad y la corrupción.

Alejandra Costa es curadora de Economía del Comité de Lectura

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