¿Desarrollo con inclusión social?

Como cada año, a finales de agosto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará ante el pleno del Congreso de la República el proyecto de ley del presupuesto público para el 2024. El evento marcará uno de los últimos hitos del proceso presupuestario anual y servirá para informar a la ciudadanía sobre las principales líneas de acción a ser financiadas para los tres niveles de gobierno. Si bien el MEF lidera el proceso, son las entidades públicas de cada sector y nivel de gobierno las responsables de programar y formular su presupuesto de acuerdo con las reglas fiscales vigentes. Por ello, tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la asignación presupuestaria multianual (APM) cada mes de mayo (una suerte de “primera propuesta de presupuesto”), se realizan mesas de coordinación entre el MEF, los sectores y los gobiernos subnacionales, donde se evalúa la priorización y desagregación de los recursos en un proceso de discusión técnico-política que sucede entre junio y agosto.

Estas evaluaciones permiten identificar si los gastos operativos y de funcionamiento de cada entidad, así como las inversiones de las carteras priorizadas, vienen recibiendo financiamiento e incluyen el análisis de la calidad del gasto público. Además, los equipos técnicos del MEF y de cada entidad evalúan el espacio presupuestal para el desarrollo de nuevas intervenciones que, como todo peruano, esperamos que generen un impacto positivo y directo en toda la ciudadanía.

Pensando en la futura asignación para el 2024, uno de los aspectos que requiere nuestra especial atención es el presupuesto destinado a desarrollo e inclusión social este año. Si pusiéramos la lupa en la asignación presupuestal del 2023, el sector desarrollo e inclusión social, representado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tuvo un presupuesto inicial de S/5.528 millones, que al corte de la redacción de esta columna se incrementó en un 15%, al ascender a S/6.368 millones.

Algunos de los principales incrementos están vinculados con cuatro programas. Por un lado, Qali Warma obtuvo un incremento del 46% del total (S/385 millones adicionales) para atender a ollas comunes y a personas en situación de vulnerabilidad. El programa Juntos recibió un 17% más de presupuesto (S/139 millones adicionales); mientras que el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) ha recibido un 16% de incremento durante el año para brindar financiamiento complementario hasta por S/136,5 millones a núcleos ejecutores (principalmente en zonas andinas y de la selva) para la gestión de proyectos de inversión social. Finalmente, el programa Contigo, para personas con discapacidad en pobreza y pobreza extrema, recibió un 4% de incremento para transferencias adicionales.

Si bien los nuevos recursos asignados muestran una intención de brindar financiamiento a diferentes iniciativas, existe relativamente poca información sobre el impacto real de estas medidas: ¿se trata de un crecimiento presupuestal que va de la mano con un desarrollo real? ¿Es la plata suficiente para levantar a las poblaciones que más necesitan la presencia del Estado? Por un lado, y desde una perspectiva bastante optimista, estos recursos al cierre de año podrían llegar a un 80% de uso, de acuerdo con el avance que presentan.

A pesar del contexto de nuestras diversas crisis (social, política, climática, entre otras), pareciera que aún a la agenda distributiva del Estado le falta un poco de lectura para terminar de orientarse hacia un esquema real, no solo de cierre de brechas, sino de necesidades. El aparato tecnócrata estatal puede saber la cantidad de beneficiarios que buscan ser atendidos (indicador físico), pero no si, efectivamente, su calidad de vida ha variado por la intervención (indicador de resultado). Tampoco es necesario ser adivinos.

Esperemos que las líneas a ser expuestas a fin de mes por el MEF en la presentación de la propuesta de proyecto de la ley de presupuesto muestren una priorización mayor de políticas sociales efectivas que nuestro país requiere en este contexto tan convulso y aún polarizado. La transparencia en la información presupuestal, así como la vigilancia ciudadana de esta son claves para que el financiamiento de nuestras políticas sociales continúe siendo siempre un tema sobre la mesa.

Claro está, que el financiamiento público es solo una pieza. En paralelo, debemos seguir debatiendo pertinencia, implementación, universalización, cooperación desde el sector privado, y muchas otras aristas de la construcción de una política social con impacto. Pero por algo se empieza.