Dos tuercas y un gramo de voluntad

Con el presupuesto público para el 2025 recién aprobado por el Congreso de la República, cualquiera podría caer en la tentación de ver estos S/251.000 millones –o un cuarto del PBI peruano– como tamaño del Estado en la economía. Pero uno estaría equivocado.

Como es lógico, la influencia del sector público en la economía va muchísimo más allá de su gasto directo. Los procesos legales, permisos, licencias y todo tipo de regulaciones de la formalidad no están incluidos en el presupuesto público, pero son una huella –a veces una carga– enorme en el quehacer económico de millones de trabajadores y empresarios. Este es el Estado –el del peso burocrático– que hace falta adelgazar; no necesariamente el del presupuesto.

Una agenda sistemática que permita hacer más fácil la vida al empresario –grande o pequeño– ha sido implícitamente sugerida en el reciente informe del Banco Mundial titulado “Business Ready”. El trabajo identifica diez tópicos en la vida de las empresas –desde el registro inicial hasta la insolvencia, pasando por el pago de impuestos, manejo de planilla, resolución de disputas, etc.–. En base a cuestionarios a expertos y encuestas empresariales, el documento bien podría servir de base para cualquier plan de gobierno al 2026.

Aquí algunas perlas destacadas por Norman Loayza, economista peruano supervisor del informe. Mientras que, por ejemplo, en el Perú toma en promedio 75 días registrar una nueva empresa nacional, en las economías más eficientes toma tres. La maraña absurda y costosa de trámites entre notarías, registros públicos, firmas físicas, abogados, actas, minutas, estatutos y sellos debería ser simplificada al mínimo si se quiere promover formalidad. La tecnología de hoy lo permite de sobra (algunos intereses creados en este negocio, no).

Respecto del empleo, casi la mitad de las empresas peruanas comenta que las regulaciones laborales son un obstáculo. En las economías más eficientes, tan solo una de cada 20 tiene esa opinión. La inflexibilidad al despido –que impide a las empresas ajustar su planilla a los ciclos económicos o innovaciones– es una de las disposiciones más miopes que se le pueda a uno ocurrir. La arbitrariedad en la determinación del salario mínimo –ahora a punto de elevarse por capricho político, como suele ser el caso– también juega en contra.

El pago de tributos es especialmente grave. El informe recoge que las compañías peruanas destinan 480 horas al año en promedio al proceso de pago de impuestos. Las empresas de los mejores de la clase invierten 12 horas anuales. A pesar de las mejoras en los procesos de la Sunat, la diferencia es un testamento a la ineficiencia.

Los ejemplos siguen. Los casos revelan un ambiente de negocios plagado de obstáculos innecesarios, caros y caprichosos, y que va en deterioro. ¿Qué hacer? Algunos pocos cambios requieren modificaciones de ley y pueden tener resistencia política, pero la mayoría demanda apenas un gramo de voluntad política para resolverse y no debería tener opositores (¿quién podría oponerse, por ejemplo, a que las disputas fiscales se resuelvan más rápido?). En la década pasada, era el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF) el que lideraba parte de estos esfuerzos; hoy ni siquiera es claro quién debería ser el responsable.

Colombia, que hasta hace pocos años era un país par en términos de competitividad con el Perú, ya nos supera en nueve de diez ámbitos evaluados por el Banco Mundial (la excepción es servicios financieros). La dejadez acumulada pasa factura. Las buenas noticias son que la hoja de ruta está clara y que –para buena parte de ella, por lo menos– no se requieren grandes inversiones ni planes monumentales. La mala noticia es que implementarla depende, por ahora, de los mismos que nos han llevado hasta aquí.