Una princesa en peligro, por Fernando Rospigliosi

En el verano del 2015, una fuente confiable me contó que una madrugada del año anterior, el presidente Ollanta Humala había convocado de urgencia a Palacio a los funcionarios que tenían que ver con la licitación del gasoducto del sur y los había conminado: Odebrecht tiene que ganar, fue la directiva. Horas después, cuando en acto público deberían abrirse los sobres, se anunció que el otro postor quedaba descalificado y, por tanto, Odebrecht era el triunfador. El perdedor protestó, pero nadie le hizo caso. La orden del presidente se había cumplido.

En ese momento no había manera de comprobar las fundadas sospechas sobre la cuestión. Hoy día, a la luz de las nuevas informaciones reveladas por el periodista ecuatoriano Andersson Boscán, todo indica que, en efecto, se pagaron varios millones de dólares para conseguir que se adjudique la obra a la empresa brasileña que presentó una oferta por más de siete mil trescientos millones de dólares. El representante del consorcio perdedor, Alejandro Segret, dijo en ese momento que “hubiésemos sido ganador si no hubiéramos sido descalificados en forma que podríamos calificar de irregular”, porque su oferta era US$136 millones menor (El Comercio, 30/6/14).

Los fiscales peruanos a cargo de Lava Jato al parecer no han investigado seriamente el caso del gasoducto del sur porque no habían descubierto nada hasta que, inesperadamente, surgió la información que alguien había copiado de los servidores de Odebrecht y que, según Boscán, la empresa había tratado de borrar para ocultar sus delitos. La misma empresa reformada que hoy colabora plenamente con la justicia, según dicen los héroes de la coalición vizcarrista.

Ahora los fiscales, y la prensa que los secunda, pretenden presentar el asunto como una graciosa cooperación de Odebrecht, cuando es obvio que no les ha quedado otra alternativa luego de que se revelaran los pagos provenientes de la caja 2.

El tema más importante es, sin embargo, que el contrato del gasoducto incluye una cláusula anticorrupción. Si el gobierno y la fiscalía la invocan, la empresa no podría seguir reclamando los US$2.000 millones que exige ahora por lo que avanzó en la construcción (El Comercio, 11/7/19). Pero no es seguro que eso ocurra. El comportamiento complaciente que han mostrado hasta ahora con Odebrecht lleva a suponer que quizá pasen por alto el hecho de que la empresa y sus funcionarios mintieron.

Una de las razones por las que se sospechaba que los fiscales y el gobierno no incluyeron ninguna obra del período de gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia en el convenio que suscribieron, es que estos son parte importante de la coalición vizcarrista. Pero ahora, muy a su pesar, tendrán que hacer las preguntas elementales. Por ejemplo ¿quién es la misteriosa “Princesa” que recibió US$900.000 por el gasoducto? ¿Quiénes son “Magali” y “French” que se embolsaron US$450.000 y US$500.000 respectivamente?

En el mismo sentido, las declaraciones de Leo Pinheiro, jefe de OAS, son devastadoras. Él ha dicho que, en mayo del 2014, lo llamó Nadine Heredia a Palacio y –a solas con él– le preguntó si le estaban pagando coimas al ministro de Transportes Carlos Paredes y “que si hubiera un pago ilegal se suspendiera y que lo viera directamente con ella”. Pinheiro la remitió al jefe de OAS en el Perú porque “no tengo conocimiento de los valores [o montos]”, dijo (El Comercio, 11/7/19).

Después de esta conversación, Paredes fue despedido fulminantemente del Ministerio de Transportes, en junio del 2014. La hipótesis es clara: el ministro acusado de haber recibido US$17 millones en coimas del ‘club de la construcción’, del cual formaba parte OAS, no le entregó su parte a Heredia –o no toda su parte–, y cuando ella se enteró lo echaron. Y a partir de ese momento, ella tomó en sus manos el asunto.

Entre las grandes obras que realizó OAS durante el gobierno de Humala está el Centro de Convenciones –más de quinientos millones de soles– que se adjudicó sin licitación. Allí, “la directora nacional del proyecto fue Rocío Barrios Alvarado, actual ministra de la Producción. Por entonces, Barrios era directora general de Administración del Ministerio de Vivienda” (El Comercio, 11/7/19).

Esa funcionaria es una de las varias provenientes del humalismo que se han incorporado al actual gobierno.

En síntesis, uno de los soportes claves de la coalición vizcarrista, el humalismo, está quedando en evidencia como una de las ramas podridas del árbol Lava Jato.

La pregunta es: ¿Cuántos de los héroes de esa coalición, cual caballeros andantes, acudirán en ayuda de su princesa en peligro? O, como viles villanos, la abandonarán a su suerte.