¿Prisión preventiva o permanente?, por Mariella Balbi

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es apreciada y respetada por un sector de la clase política. Otro la critica y la repudia, y de qué manera. Quienes le dan un apoyo cerrado son los que hoy alientan y respaldan lo que está ocurriendo en la región Áncash.

Sabido es que el presidente regional, César Álvarez, el vicepresidente, el gerente regional, un alcalde y otros ancashinos que suman en total 60 personas tienen prisión preventiva por 18 meses. Traducido a una manera más real de medir el tiempo suma un año y medio. El doble de lo que demora nacer un ser humano.

La prensa ha recibido insumos vastos sobre el caso del asesinato del dirigente regional ancashino Ezequiel Nolasco y el de ‘La Centralita’. Los detalles han sido prolijos y las entregas no cesan hasta hoy. Todo esto gracias a la colaboración de la Procuraduría Anticorrupción y la fiscalía.

Nadie se ha alarmado por el tiempo de la “prevención”. El 27 de mayo de este año el relator sobre derechos de las personas privadas de libertad de la CIDH informó acerca del uso de la prisión preventiva en las Américas. Señaló que los operadores judiciales la utilizan indebidamente, generando problemas.

Ninguna de estas personalidades ni otros asistentes se han pronunciado sobre la prisión preventiva de un año y medio para el caso de Áncash. Todos han digerido el libreto sabiendo que ese lapso es un exceso. El crimen no se ha detenido en Chimbote, donde, como en todo el norte, reina el sicariato.

La hija del dirigente asesinado, quien con todo derecho exige justicia, terminó indicando quiénes debían ser comprendidos en el proceso. Y así fue. Un observador extranjero señaló con ironía: “Para qué se requiere del Poder Judicial si ya se tiene una persona que señala quién debe ser detenido de por vida”.

Los inculpados alegan que esto es revancha política, pues para el caso del asesinato del dirigente ancashino se cuenta con el testimonio de un sicario que apareció en todos los medios, y aunque de lo leído se observan incongruencias esto no parece ser tomado en cuenta. Trascendió también que los expedientes de la investigación del 2010 indicaban contactos telefónicos entre el presidente regional y los sicarios. Pero esto no ha sido filtrado a la prensa.

El imputar a este grupo de acusados el mote de organización criminal refleja un desconocimiento de cómo actúa un grupo de estos. Más aun cuando hemos vivido durante el fujimontesinismo una organización mafiosa y se pudo probar el desvío de fondos para la CTS de Montesinos, papelógrafos con conversaciones ‘chuponeadas’, la potente infraestructura que tenía el grupo Colina y tantos otros hechos más.

La organización criminal ancashina resulta siendo bien raquítica. Investiguemos todo pero con rigor y pruebas porque quien se desacredita es el sistema judicial, salvo que eso es lo que se quiera, ‘ad portas’ de las elecciones regionales y municipales.