Proceso electoral: nota once, por Raúl Ferrero

Este proceso electoral ha resultado bastante más convulso de lo imaginado.

La nueva legislación electoral que fue aprobada en enero, lejos de ayudar, definitivamente, ha contribuido a complicar las cosas. Ha resultado en extremo reglamentarista y da exagerada importancia a requisitos y trámites que bien pudieran haberse obviado, eliminándose ese exceso burocrático que en otros campos se denomina tramitología (es decir, procedimientos que dificultan las cosas en vez de simplificarlas, de la misma forma que afectan el normal desarrollo de las empresas, así como las labores diarias que realiza cualquier ciudadano).

Siguiendo esa tónica, el sistema electoral (tanto el JEE como el JNE) ha aplicado con todo rigor las nuevas normas en determinados casos, las cuales, sin embargo, han merecido una evaluación y posterior decisión más benévolas al resolver otros casos parecidos.

Las sanciones impuestas en algunos casos ante infracciones menores resultan draconianas, un tanto desproporcionadas con relación a las faltas cometidas, desconociéndose que en determinados casos estas pueden ser subsanadas mediante actos jurídicos expresos que las corrijan.

Esta excesiva rigurosidad legislativa, lejos de ayudar al sistema democrático, lo perjudica. Ya que, al margen del respaldo que puedan tener los postulantes de una plancha presidencial o a una curul al Congreso de la República, termina eliminando a algunos candidatos (como en el caso de Julio Guzmán) por fallas menores, dejándolos fuera de carrera, cosa que nunca antes, que recordemos, había ocurrido.

Es una lástima que un proceso de elecciones generales, que se realiza cada cinco años para que los ciudadanos elijan a sus representantes, se vea empañado por un exceso de rigurosidad en temas reglamentaristas o falta de precisión. Este ha sido el caso, por ejemplo, de las dádivas, que si estuvieran correctamente contempladas en las normas vigentes, no terminarían afectando el voto popular, que es el vértice en el que se apoya todo el sistema democrático, el cual se sustenta en el derecho ciudadano de elegir a quienes nos representan en el gobierno.

Las nuevas normas electorales no establecen la necesaria graduación en las sanciones y, como si nada, disponen que por errores que no revisten gravedad se pueda excluir del proceso eleccionario a un candidato o a una agrupación, a la cual se le cancela toda opción de participar. Esto significa negarles el derecho de poder obtener la representación popular por todo un período de cinco años, hasta que se produzcan nuevos comicios que sí se lo permitan.

En todo caso, lo que debemos entender es que, con sus altas y sus bajas, el sistema electoral ha seguido las reglas existentes durante el proceso, sin que parezcan darse causales suficientes para invalidar las decisiones finales tomadas por las autoridades pertinentes.

Lo que queda ahora es no abstenerse sino acudir a las elecciones del 10 de abril y votar por quien creamos sea la mejor opción para evitar la concentración de poder en pocas manos, de forma que no se proscriban nuestros derechos y libertades ciudadanas y se puedan atender pronto los principales problemas económicos y sociales que siguen esperando un turno que se encuentra postergado.

A su vez, los actuales candidatos a la Presidencia de la República deberían hacer formal juramento para cumplir y hacer cumplir los preceptos constitucionales. Sería necesario que, en ese marco, la candidata Keiko Fujimori hiciera el correspondiente deslinde respecto del autogolpe de Estado que perpetrara su padre, el 5 de abril de 1992, rompiendo el sistema democrático, tal como ha hecho ya ella misma en relación con otros hechos acaecidos durante dicho gobierno