Javier Portocarrero

En la región Huancavelica, dos de cada tres personas laboran en el sector agrario. La mitad de los trabajadores es independiente, una cuarta parte es mano de obra familiar no remunerada y la otra cuarta parte sí tiene empleo asalariado. Solo uno de cada diez labora en empresas de más de 50 trabajadores. Así lo revela la primera Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) 2022, publicada recientemente por el INEI.

Aunque con menos fuerza, este panorama tan subdesarrollado del mercado laboral se reproduce a escala nacional, donde solo un 18% de la población ocupada labora en empresas de más de 50 trabajadores. El se correlaciona, obviamente, con nuestra estructura productiva, donde tenemos grandes sectores con muy baja (agro andino, comercio y servicios de minúscula escala) al lado de otros segmentos bien capitalizados y con tecnología de punta (minería, agroexportación).

Este contraste también se percibe viendo la . Acá hay que distinguir, conforme al estándar internacional (OIT), entre el empleo informal (los trabajadores sin protección social) y la economía informal (la producción en establecimientos no registrados que no pagan impuestos). Según la EPEN 2022, el 74% del empleo en el es informal, mientras que, en términos del PBI, solo el 18% lo es (Cuentas Satelitales de la Economía Informal, INEI, 2021).

Según esta última fuente, una parte importante del empleo informal se genera dentro del propio sector formal; es decir, en las empresas registradas. Así, por ejemplo, en el 2021, el empleo formal ascendía al 30% y el informal al 70%. Sin embargo, dentro de esta última cifra, 14 puntos porcentuales representaban a trabajadores informales (2,4 millones) que laboraban en el sector “formal”; es decir, en empresas registradas que evadían el pago de beneficios sociales. Son generalmente empresas de pequeña escala que viven al filo de la legalidad.

Aunque solo una quinta parte de la población reside en el campo, allí la informalidad laboral alcanza un estratosférico 95%, y solo en la costa esa cuota es más baja, gracias al auge de la agroexportación desde inicios del siglo XXI. Mientras tanto, en el ámbito urbano, la cifra cae al 69%, lo que sigue siendo muy alto. Incluso en Lima Metropolitana, la informalidad laboral asciende al 61%. Curiosamente, Cajamarca es el departamento que lidera la informalidad laboral (90%), pero su capital está en la mitad más baja de la tabla (66%).

Conforme a la misma fuente, el ingreso mensual por trabajo ascendía a S/1.524, con una brecha del 28% entre hombres y mujeres. Dentro de las 26 ciudades principales examinadas por la EPEN 2022, los ingresos más altos se percibían en Arequipa (S/2.096), seguidos por Chachapoyas, Moquegua, Ica, Puerto Maldonado y Lima Metropolitana (S/1.885).

¿Cuál ha sido la evolución reciente del empleo informal? Entre el 2007 y el 2013, años de rápido crecimiento económico, la informalidad bajó del 80% al 74%, según las Encuestas Nacionales de Hogares (Enaho). Desde el 2014, con la ralentización del crecimiento económico, no hubo gran progreso en la formalización, ni tampoco en la reducción de la pobreza monetaria.

Luego vino la pandemia del coronavirus y el colapso productivo y del empleo en el 2020. La pobreza saltó del 20% al 30%, borrando diez años de progreso de un plumazo. En el 2021, la economía rebotó rápido, pero la política jugó muy en contra con la elección de un presidente inepto de extrema izquierda que propició una enorme fuga de capitales.

Así, en el 2022, la inversión privada cayó en términos absolutos, el crecimiento económico se desplomó, los ingresos reales continuaron un 9% por debajo del nivel prepandemia, y la pobreza volvió a aumentar. La moraleja es que debemos generar acuerdos políticos para restaurar la confianza, así como destrabar las inversiones públicas y privadas, para retomar el crecimiento. Por último y no menos importante, debemos facilitar la contratación laboral en el sector formal.


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Javier Portocarrero es director Ejecutivo del CIES