Propuesta de agenda, por Luis Carranza

La economía peruana viene desacelerándose sistemáticamente desde el 2011. A pesar de las extraordinarias condiciones financieras del 2012 y del flujo de inversiones mineras comprometidas varios años atrás, no se tomaron las acciones necesarias para atraer más inversión privada y aumentar la tasa de crecimiento potencial de nuestra economía. Muy por el contrario, la frondosa regulación siguió creciendo en todos los sectores y los mensajes contradictorios del gobierno terminaron por afectar la confianza de los agentes económicos. 

Para este año, el gobierno había previsto originalmente un crecimiento de 5,7%, sustentado, entre otras cosas, en un crecimiento de la inversión privada de 5,5% y de la inversión pública en 15,4%. Ahora, la cifra de crecimiento para el año está en 4,2%, mientras que la inversión privada solo crecería 1,5% y la inversión pública aumentaría solo en 8,3%. Lamentablemente, es poco probable que lleguemos a crecer por encima de 4%. Con un crecimiento esperado del tercer trimestre en menos de 2%, lo más probable es que terminemos el año en cerca de 3%.

El 2015 luce ligeramente mejor por el impacto de algunos proyectos mineros que entrarán en producción y porque se deberían sentir algo las concesiones que ha sacado el gobierno en lo que va del año. Sin embargo, si se toma en cuenta el efecto del recambio de autoridades a escala regional y local y el hecho de que será año preelectoral, no se vislumbra un aumento importante en la inversión privada y pública. Más aun, considerando que en el 2015 se debería materializar, más tarde o más temprano, el aumento de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, la volatilidad financiera y cambiaria tampoco ayudará mucho a incentivar y atraer inversiones.

Este escenario económico se complica con el escenario político. Por un lado, en el Congreso la oposición se está enfrentando abiertamente al Ejecutivo, derogando una reforma importante y amenazando con censurar a más de un ministro. Por otro, el radicalismo que en las regiones parece estar ganando terreno pone en riesgo la posibilidad de concretar grandes proyectos de inversión. 

En este complejo escenario, el Ejecutivo debería buscar acuerdos políticos con los principales partidos de la oposición sobre tres lineamientos centrales en el campo económico. En primer lugar, se debe garantizar que estos grandes proyectos de concesión y de inversión pública, que han sido licitados de manera apresurada y que seguramente requerirán ajustes y aclaraciones, se lleven adelante sin perder más tiempo. Un aspecto fundamental para que esto ocurra es que los funcionarios públicos a cargo de estas gestiones deben estar “blindados” del futuro manoseo político. Salvo que se encuentren indicios reales de corrupción, no se debería maltratar a estos funcionarios públicos. Si no se logra que el principio de presunción de inocencia sea garantizado, cualquier modificación, cambio o ajuste demorará excesivamente por el temor a la investigación futura.

En segundo lugar, existen importantes proyectos mineros en el país, especialmente en el sur, que, de concretarse, pueden generar un punto de quiebre en el desarrollo del país, no solo por los importantes recursos que producirán, sino porque, al existir masa crítica de producción y energía barata, se generarán las condiciones para desarrollar una industria de proveedores mineros. Las cifras son impresionantes y las posibilidades de inversión y crecimiento son muy importantes, pero, para que esto sea una realidad, los proyectos mineros deben concretarse. Para ello, el Ejecutivo debe garantizar que estos proyectos no caigan como “rehenes” de autoridades o grupos radicales. El imperio de la ley tiene que ser efectivo y no permitir más Congas en el país. 

Finalmente, el presidente Ollanta Humala debería asumir como tarea restablecer la confianza de los agentes económicos. En momentos en que se cuestiona a sus ministros por la gestión de intereses privados, lo cual genera efectos contraproducentes en la relación sector público-sector privado con impacto inmediato en retrasos de inversión privada, el propio presidente debería reunirse con el sector empresarial representado por sus gremios y trabajar una agenda de competitividad para el país. 

Seguir con la confrontación política o querer demostrar fuerza solo llevará a posiciones antagónicas con la oposición en el Congreso y quien perderá en el largo plazo será el país.