Las manifestaciones en Lima y los ataques a aeropuertos, mineras, carreteras e instalaciones públicas no son parte de una protesta. Son movilizaciones con el objetivo de hacer caer al Gobierno.
Cuando un sujeto arroja piedras y golpea con palos a la policía no está haciendo uso del derecho de expresión. Está saliendo del derecho y, obviamente, buscando una respuesta represiva.
En estas manifestaciones hay quienes marchan y hay quienes azuzan. No son iguales, pero siguen un libreto y una guía.
El resultado de conjunto es la paralización de la economía. Los bloqueos de carreteras han causado varios miles de millones de soles en pérdidas. Lo más grave, por supuesto, es el efecto hacia el futuro.
El turismo sufrirá por muchos años el impacto de la inseguridad. Y el turismo son hoteles, restaurantes, servicios, artesanía, entre otras actividades conexas.
Han perdido sus productos los agricultores, los ganaderos, los transportistas de pasajeros, de carga, de gas y combustible. Lo que da curso e integra la economía nacional se ha echado a perder.
Hay empresas que han sido saqueadas y comisarías que han sido incendiadas. Por encima de todo, han muerto personas, cuyas muertes tendrán que ser investigadas.
Corresponde a los órganos de inteligencia detectar a quienes están en la tarea de azuzamiento y provocación, de ataque y desestabilización.
Ya se sabe que hay intereses de la minería ilegal, del narcotráfico y de grupos de izquierda radicales. La captura de Rocío Leandro Melgar (alias ‘Cusi’) es un ejemplo. Ella dirigía el Frente de defensa del pueblo de Ayacucho (Fredepa), considerado fachada de la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso.
Ahora aparece como nueva cara visible del Fredepa Íber Maraví Olarte, exministro de Trabajo del gobierno de Pedro Castillo. Este pedía, en una movilización del 13 de enero, la libertad de ‘Cusi’ y otros dirigentes (El Comercio, 21/1/2023).
El objetivo del Fredepa, según la investigación fiscal y policial, es aglutinar distintos “frentes” de lucha. Quieren hacer trabajo “partidario” en el plano ideológico, político, militar y organizativo.
No es un caso para generalizar ni terruquear, pero tampoco para llegar a la ingenuidad de ignorar. Los distintos grupos de azuzadores han logrado calar en grupos más amplios.
El gobierno de Castillo y estos grupos violentistas movieron el resentimiento, la postergación y el sentimiento de abandono. Han llevado a algunos miles de personas a sumarse estos desplazamientos contra, justamente, el orden legal, la economía y el desarrollo.
El levantamiento no tiene ningún programa de gobierno, no plantea ninguna solución a los problemas económicos o administrativos del país. El objetivo es la caída del Gobierno.
La caída del Gobierno por actos violentos sería la rendición del orden legal en favor de los violentos. Es inadmisible.
Las autoridades no solo tienen que restablecer el orden. Tienen que hacerlo con convicción y autoridad. Tienen que combatir, también y, sobre todo, en el terreno ideológico.
El gobierno de Pedro Castillo favoreció este tinglado en favor del caos. Quiso llegar a la dictadura. Ese es el objetivo final y es por eso el hostigamiento permanente.
El Gobierno tiene que desarmar las bombas de tiempo. Debe quebrar la prédica del azuzador. Tiene de su lado el derecho y la opción por la paz de millones de peruanos.