(Ilustración: Víctor Aguilar)
(Ilustración: Víctor Aguilar)
Javier Díaz-Albertini

Sociólogo y profesor de la Universidad de Lima

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Los últimos meses han estado marcados por un auge en las actividades de protesta que han tenido disímil recepción por parte de la población, los líderes de opinión y los medios masivos. Pero las principales –en respuesta a la vacancia presidencial y a la Ley de Promoción Agraria– tienen en común un hecho central en la política: las reivindicaciones y las demandas políticas solo pueden ser atendidas si previamente son conocidas. En otras palabras, los actores políticos deben ser primero reconocidos como tales para después ser (o no) atendidos. En buen criollo, el que no llora no mama.

Este es un hecho ineludible. Una parte esencial de la acción política consiste en hacerse notar. ¿Por quién? Bueno, en primer lugar, por la ciudadanía en búsqueda de apoyo o simpatía. Es lo que se denomina “sensibilización” y “concientización”, en el sentido de lograr que las preocupaciones de un sector logren ser percibidas y apreciadas como importantes por los demás. Por ejemplo, las activistas a favor de los derechos de la mujer han conseguido ubicar la violencia contra estas en la agenda política y mediática. Antes, los problemas intrafamiliares eran tratados bajo el principio de que los “trapitos sucios se lavan en casa”. Es decir, se invisibilizaba el problema.

En segundo lugar, debe ser advertida por las autoridades y funcionarios que tienen capacidades (atribuciones y poder) para actuar sobre las demandas presentadas. Para ello existen varios mecanismos que oscilan desde la incorporación de la problemática en los programas de los partidos políticos hasta su concreción en propuestas legislativas. Para ello existen partidos, grupos de presión o de cabildeo (‘lobbying’) que mantienen vivos y hacen seguimiento a los intereses.

Una contribución importante de la teoría de “movilización de recursos” al estudiar los movimientos sociales es que postula que parte del éxito de la acción política depende del acceso a recursos estratégicos y su eficiente gestión. ¿De qué recursos estamos hablando? Están los económicos, para mantener a la organización, contar con personal y expertos, hacer propaganda, desplazarse, entre otros. Los de movilización consisten en la capacidad de convocatoria y compromiso de recursos humanos para petitorios, marchas, boicots, toma de locales, bloqueos. Los simbólicos, que permiten identificar a la organización, sus militantes y simpatizantes: lemas, himnos, colores, estandartes, efemérides, mártires, sagas, etc. Finalmente, los organizativos, ideológicos y programáticos son esenciales para gestionar el movimiento, compartir visiones del mundo y justificar la acción.

El manejo de recursos cobra fundamental importancia cuando la razón de ser de la demanda política es poco conocida. Por ejemplo, antes de las protestas por la Ley de Promoción Agraria, un contundente 75% de la población manifestó no estar informado sobre su existencia (Ipsos, 12/2020).

Como en cualquier otro aspecto de la vida social, los recursos para la acción política están distribuidos desigual y diferencialmente. Los sectores altos tienden a poseer una cantidad desproporcional de recursos económicos. Esto se nota –en el caso examinado– en el despliegue propagandístico en los principales diarios y medios televisivos. En solo dos días, por ejemplo, cuatro asociaciones empresariales agrícolas publicaron sendos comunicados a toda página en este Diario advirtiendo sobre los peligros detrás de la derogación de la mencionada ley.

Los sectores medios y bajos, en cambio, cuentan más con recursos de movilización. En vez de aparecer en los medios gracias al poder del dinero, lo hacen porque están en las calles. Así es como se incide en la opinión pública y las autoridades. Toda constitución democrática reconoce este recurso y lo plasma como un derecho de todo ciudadano.

En el uso de los recursos políticos se cometen excesos, pero no –como opinan algunos– solo por el lado de la movilización y protesta. Hemos sido testigos del mal uso de fondos en el financiamiento de partidos y cómo luego se concreta en leyes subrepticias que benefician al aportante. De ahí que, igual que se le pide al Estado mejor manejo de la protesta, se debe exigir mayor control en el ‘lobbying’, el financiamiento de partidos, la declaración jurada de intereses de las autoridades y funcionarios, entre otras medidas que favorezcan la transparencia en el juego democrático.

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