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‘La Bestia’ se enfrentó al tráfico de Lima: la travesía del auto blindado que trasladó a Joe Biden
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no quiere dar un permiso para las obras de la estación central de la línea 2 del metro de Lima. Con su oposición, se partiría la línea 2 en dos microlíneas. En vez de conectarse, los pasajeros van a desconectarse.
La estación central que es parte de la línea 2 conecta a sus pasajeros con los del Metropolitano.
Si un alcalde puede ponerse por encima del contrato entre la concesionaria y el Estado, todos los demás alcaldes, en todos los demás proyectos, podrán hacer lo mismo. Así lo ha hecho ver la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano (“La República”, 8/6/2024).
La oposición de López Aliaga es el fin de las concesiones para obras de infraestructura en las ciudades del país. Sin seguridad jurídica, no habrá contratos que valgan. Así el contratante sea el Estado Peruano.
El alcalde de Lima se apura en contratar calesas para el paseo de los turistas. Se niega, en cambio, a que Lima tenga un tren subterráneo.
Al alcalde le preocupa que las obras compliquen el tránsito en el Centro Histórico. No acepta los planes de desvío propuestos. No acepta cumplir los acuerdos entre la concesionaria, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la municipalidad metropolitana de enero pasado.
López Aliaga dice que la tecnología usada en esa construcción no es la adecuada. Él sí sabe. Hizo aprobar la ordenanza 2590, que declara inaplicable la Ley 31955. Esta es la de Financiamiento del Sector Público, que exonera de los permisos municipales a este tipo de obras (décima disposición complementaria final).
La concesionaria ha invertido US$2.963 millones, de un proyecto de US$5.346 millones.
“Este contrato huele mal, está mal hecho”, ha declarado el alcalde de Lima. Él sospecha que hubo corrupción. Como juez moral, se opone a la ejecución de este.
El municipio de Lima ha demandado ante el Tribunal Constitucional al Congreso, por la ley que exonera estas obras de autorización municipal.
La posibilidad de invertir y contratar con el Estado a largo plazo está en juego. ¿Puede un alcalde (no solo el de Lima) negarse de plano a planes de desvío durante la ejecución de obras de infraestructura?
Al margen de lo que resulte de la contienda de competencias, el daño que hace López Aliaga a las perspectivas del Perú como plaza de inversión es inmenso. Vamos camino a ser potencia mundial, pero en subdesarrollo y desastre.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Federico Salazar es periodista
