A pesar del bajón en el rendimiento de nuestra economía (2,7% del PBI para el 2014), las expectativas del gobierno y las proyecciones de los analistas especializados son más optimistas para este 2015, cifrándose entre 4% y 5% del PBI el estimado de crecimiento como consecuencia de la rebaja del precio del petróleo, y de las medidas de reactivación que viene tomando el MEF, las que, se estima, podrán generar el clima de confianza necesario para revertir la desaceleración del año pasado.
Si bien es cierto que ha existido demora en la adopción de las políticas reactivadoras, también es verdad que la caída del precio de nuestras materias primas en el mercado internacional ha influido negativamente, especialmente el de los minerales, el que hasta la fecha no se recupera. Si bien nuestras exportaciones han crecido 6% en volumen, su valor ha caído 16%, por lo ocurrido con los precios antes señalados.
Por ello, las políticas que se impongan tendrán que enfocarse en medidas de impulso para los sectores internos que más rápido puedan crecer, como es el caso de la industria de la construcción, incluyendo las obras de infraestructura, así como aprovechar la caída del precio del petróleo (45% en seis meses), el que principalmente importamos, para disminuir en la misma proporción el precio del combustible, lo que tendría un rápido efecto reactivador.
Desafortunadamente, el año 2015 transcurrirá dentro de un clima preelectoral que tendrá a los actores políticos más concentrados en sus propias aspiraciones de cara a los comicios de abril del 2016, por lo que algunas propuestas estarán teñidas de cierto matiz electorero, debido a la preocupación por la captación del voto popular, lo que hará que muchos de los grandes problemas queden postergados para ser incluidos ulteriormente en la larga lista de espera para ser atendidos, presumiblemente, después de las elecciones generales.
Sin embargo, existen temas como el de la falta de condiciones apropiadas para la inversión en general y la minera en especial que no deben esperar, ya que se pueden desalentar por la ineficacia de la tramitología. Es preocupante que algunos proyectos puedan terminar, siguiendo el camino de Michiquillay, devueltos al Estado, por la ausencia de condiciones suficientes como las que impidieron desarrollar este importante proyecto cuprífero en la región Cajamarca.
Esto nos hace ver que la inseguridad, no es solamente la ciudadana, sino también la de los requerimientos de garantías para el desarrollo de proyectos de inversión que nuestro país necesita ver ejecutados para impulsar nuestra economía y así rescatarla del peligroso declive en el cual se encuentra.
Las políticas económicas promovidas por el ministro Alonso Segura no están mal encaminadas, pero requieren de atención permanente para ser complementadas o corregidas (como la llamada ‘ley pulpín’) según los resultados que se vayan obteniendo, considerando también los factores externos, como la posible desaceleración china, aunque compensada en algo por el auspicioso comienzo de la recuperación estadounidense.
El gobierno tiene que ganar nuevamente la credibilidad necesaria para que la inversión privada vuelva a revitalizarse y sirva de motor generador del crecimiento que se requiere.
La apuesta por las nuevas medidas de los incentivos a la reinversión de las utilidades puede dar buenos resultados si se logra generar el suficiente atractivo en el empresariado como para que se prefiera este mecanismo al más caro, o sea, la distribución de las mismas.
Por otro lado, siguen pendientes de resolverse la lentitud de los planes de inversión y ejecución del gasto del sector público, que debería incluir el de los gobiernos regionales, aún más retrasados que los del Gobierno Central.