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Economista
El Perú ha entrado a una fase de reactivación económica con una cuarentena focalizada. Estas son buenas noticias sin duda. De acuerdo con datos a tiempo real de la demanda de electricidad, la actividad se ha recuperado casi a la mitad de lo que había caído y así lo corroboran también los datos de movilidad y de empleo en mayo. Se espera que junio y julio sean meses en donde la reactivación tome mayor velocidad y se logre mitigar el costo económico sufrido en los meses de la cuarentena generalizada. No obstante, se espera un aumento de la pobreza a casi 30% y un aumento de la informalidad a casi 80% para el 2020.
El gran reto en materia laboral es aprovechar esta situación como una oportunidad. Y aquí no se trata de estar del lado del trabajador o del lado del empresario. Se trata de estar del lado del peruano que trabaja y del lado del peruano que emprende. Se trata de proteger al peruano que trabaja para que haga frente a choques de salud, de desempleo y a la vejez. A la vez, se trata de proteger al peruano que emprende y que enfrenta choques económicos. ¿Qué impide que esa protección ocurra de manera efectiva? Una de las grandes barreras es la informalidad.
¿Por qué no hemos logrado reducir la informalidad en los últimos 20 años así como se ha logrado reducir la pobreza? Dos puntos llaman la atención. El primero es la falta de institucionalidad y de una agenda proformalizadora de largo plazo que permita avances importantes en los regímenes laboral y tributario. Sin duda el crecimiento económico que hemos experimentado, y que debemos seguir impulsando, ha sido importante para el crecimiento de los ingresos de los hogares. Sin embargo, la falta de institucionalidad ha mermado la solidez y contribuido a la precariedad de dichos ingresos. Y esta vulnerabilidad y precariedad la estamos palpando muy de cerca hoy en día. Segundo, no hay incentivos a la formalización por los costos recurrentes a ser formal, los pocos beneficios percibidos de ser formal y la limitada perspectiva de crecimiento por parte de las firmas (Jaramillo y coautores, 2013).
En ese sentido, hay algunas ideas que se deben empezar a discutir para implementar en el corto plazo. Por el lado del peruano que trabaja: (i) el aseguramiento universal en salud es un buen paso, ahora debe permitirse al trabajador y al empleador decidir a qué régimen contribuir; (ii) se necesita una reforma de pensiones en donde se pueda complementar una pensión social con el fortalecimiento de la capitalización individual, tanto en el sistema privado de pensiones como en el sistema público. Asimismo, el Estado puede acompañar contribuyendo por un determinado número de años de los recién contratados.
Por el lado del peruano que emprende: (i) simplificación de los sistemas administrativos que debe manejar; (ii) tener un solo régimen tributario; (iii) comunicar mejor el régimen de la pequeña empresa aprobado en el 2008 y que ha contribuido a reducir la informalidad en dicho segmento en aproximadamente 10 puntos porcentuales; (iv) Sunafil y Sunat se deben enfocar en los bolsones informales (es posible identificarlos a partir del censo) y no en los que siempre pagan sus impuestos; (iv) tener como opción la indemnización a la reposición.
Es una agenda de largo plazo que este Gobierno y el que entre en el 2021 se deben comprar. El Perú nunca será un país desarrollado si seguimos manteniendo tasas de informalidad por encima del 50%. ¿Cómo se compra esta agenda? Impulsando medidas como las mencionadas arriba y ofreciendo incentivos a la formalización, empezando por una buena educación y una salud de calidad. Lamentablemente, la falta de institucionalidad y sostenibilidad y la corrupción generan desconfianza en las personas y esto contribuye a la informalidad. Aprovechemos en impulsar medidas que realmente busquen el bienestar de la población hoy y mañana, basadas en la evidencia y dejando de lado todo populismo cortoplacista y miope