Uno de los varios desatinos del referéndum del 9 de diciembre se refiere a la no reelección inmediata de parlamentarios. El Ejecutivo planteó esta consulta porque traerá “el fortalecimiento de la democracia” (exposición de motivos, proyecto del Ejecutivo).
La no reelección inmediata, lejos de fortalecer, debilita la democracia. Y la debilita sobremanera.
La población está desencantada con el actual Congreso. Quiere castigar a los actuales representantes. El Ejecutivo ha querido sintonizar con esa demanda y ha planteado este cambio.
La democracia, sin embargo, no es la voluntad absoluta de la mayoría absoluta. La democracia no es la forma institucional de la venganza. Es todo lo contrario: es el derecho, las instituciones, la ley por sobre las voluntades, las tendencias, las modas y, por supuesto, por sobre los propios gobernantes.
La esencia de la Constitución es, justamente, prevalecer sobre el momento, sobre el gobierno de turno, sobre la coyuntura y sobre los vaivenes de la política menuda.
Este gobierno ha usado sus poderes para llevarnos a un referéndum en un estado emocional extremo. El actual es un estado de indignación; justificada, por cierto, pero no por ello menos febril.
Los estados febriles son como arenas movedizas: se lo tragan todo. ¿Es este el mejor momento para consultar la reforma de aquello que nos debe dar, más bien, estabilidad institucional?
El principal argumento del gobierno es que solo los congresistas carecen del impedimento de la reelección inmediata. Es diferente en el caso de presidente de la República, gobernadores regionales y alcaldes.
Sostiene el Ejecutivo que, si todas son autoridades elegidas por sufragio directo, no hay razón para excluir a los congresistas.
Este análisis no se detiene en una diferencia fundamental: el presidente, los gobernadores y los alcaldes desarrollan tareas ejecutivas y manejan presupuestos. Los congresistas, en cambio, tienen el encargo de la representación política para hacer leyes, y no manejan presupuesto.
Lo más grave no es la ceguera selectiva en los argumentos. Lo peor es que, justamente, se quiere limitar el derecho a elegir, por mandato legal, incluso constitucional.
Un principio básico de educación es la conciencia de la relación de los actos y sus consecuencias. Si un niño no aprende que sus actos tendrán consecuencias, ese niño será una persona irresponsable.
Así nos quiere tratar el gobierno: como niños a los que sobreprotege. Quiere desvincular la relación entre los actos y sus consecuencias. La ley (la Constitución) nos prohibirá reelegir y aprender de nuestros actos electorales.
No tendremos más derecho al error, al arrepentimiento o al rechazo de un candidato o de una opción por la vía electoral. No vamos a aprender nada de lo que hagamos. Seremos, literalmente, irresponsables.
Esto no es “fortalecer” la democracia. Protegernos con prohibiciones de nuestras propias elecciones es lo contrario del fortalecimiento de la democracia.
Decirle a un niño “no vas a elegir porque no sabes” no va a ayudarlo a madurar. Nos ven como niños. Hay que prohibir la reelección inmediata porque el pueblo peruano no sabe reelegir.
¡Pero es una consulta!, dirán los defensores de este despropósito. ¡Depende del pueblo!, agregarán.
El pueblo va a votar, pero con la imagen de un Congreso (el actual) en la mente. Va a votar en un momento de furias, de pasiones, de arrebatos.
Por otro lado, si el político no puede aspirar a reelegirse, ¿le va a importar mantener su prestigio? ¿Le va a interesar hacer una buena gestión? ¿O habrá quienes entren a aprovechar sus cinco años, sin importar las responsabilidades?
¿Quién querría invertir tiempo, dedicación y dinero para algo que no le permitirá hacer carrera ante la ciudadanía?
El voto es un sistema de control; al recortarlo lo que hacemos es recortar su poder de control.
¿Acaso la no reelección inmediata de presidentes nos dejó una sucesión de presidentes intachables? ¿Acaso la no reelección inmediata de gobernadores nos dejó gobernadores impolutos? ¿Acaso la no reelección inmediata de alcaldes nos dejó a los menos corruptos y sacó de carrera a verdaderos delincuentes?
Esta reforma es ladina, contraproducente, irresponsable y, sobre todo, profundamente antidemocrática.