Reforma agraria y movilización política, por Francisco Tudela

El 3 de octubre del 2021 –en el quincuagésimo tercer aniversario del nefasto golpe de Estado del general Velasco Alvarado–, el presidente Pedro Castillo, acompañado de una comitiva de ministros, anunció una nueva reforma agraria desde la explanada de Sacsayhuamán en el Cusco. La fecha no fue producto del azar, sino del deseo de identificarse públicamente con la revolución socialista y marxista de Velasco.

Las nacionalizaciones, expropiaciones y confiscaciones de la dictadura militar velasquista, entonces acompañada por innumerables y activos colaboracionistas civiles, terminaron en un fracaso mayúsculo cuyos efectos reales se revelaron cuando el Perú regresó a la democracia en 1980.

En 1980, nuestra patria se descubrió quebrada, inoperante y endeudada, hundiéndose en la hiperinflación, el caos social y el colapso económico durante esa década. Además, Abimael Guzmán y sus senderistas percibieron la transición y el regreso a la democracia como el momento de máxima debilidad política del Perú. Ellos aprovecharon esta situación para lanzar su sangriento asalto contra la sociedad peruana, organizado para conquistar, mediante el terrorismo criminal, el Gobierno del Perú. Fueron derrotados por el Gobierno de entonces, la sociedad organizada y las FF.AA.

Por eso, el que Pedro Castillo haya elegido el 3 de octubre para sus anuncios significa mucho. Nos está señalando que lo que quiere es reintentar un proceso revolucionario inspirado en la revolución frustrada de Velasco, si bien a la moda del socialismo del siglo XXI, con nuevas metodologías.

Por eso, fue enfático al decir en Sacsayhuamán que su segunda reforma agraria “no implicará confiscaciones ni expropiaciones”. Dijo Castillo: “A pesar de haber pasado más de 50 años, al fin el Perú se pone de pie para acabar con la explotación y desigualdad que sostiene el agro”. Esto, dicho como si la exhaustiva primera reforma agraria, iniciada en 1969 con sus cooperativas y SAIS, nunca hubiese tenido lugar. En realidad, la afirmación presidencial revela el dolor del fracaso histórico socialista después del derrumbe del “socialismo real” entre 1989 y 1991.

La propuesta de Castillo incluye la creación de un Gabinete para el desarrollo del agro, apoyo para la compra de fertilizantes, compras públicas de alimentos de la agricultura familiar, construcción de mercados de productores en las provincias, etc. Traducido a lenguaje político, todo esto significa influjo político sobre las comunidades agrarias, subsidios y compras de productos agrícolas por el Estado y estructuración de la distribución con precios controlados, pues la puesta en lugar de este sistema permanente pone inevitablemente de lado al mercado. Intervenir es mejor que expropiar, dice el socialismo del siglo XXI.

De este modo, los incluidos en el nuevo sistema serían, además, organizados políticamente por el Gabinete para el desarrollo del agro. Esta politización campesina, además de los márgenes de ganancia otorgados a ciertos sectores campesinos por ucase estatal, serviría para confrontar deliberadamente al sector privado agroexportador y a sus asalariados, que hoy se rigen por las reglas del mercado y las variaciones de los precios internacionales. El socialismo del siglo XX procedía totalitariamente, englobando todo de arriba abajo. Marta Harnecker –ideóloga comunista íntima de los Castro, de Chávez y Maduro– pretende hacernos creer que el socialismo del siglo XXI busca promover la revolución desde las comunidades de base hacia arriba para así conquistar de manera autogestionaria toda la sociedad.

Afirma Harnecker: “Comenzamos poniendo en duda el rol del mercado y estudiamos la necesidad del poder regulador del Estado […]. Comenzaremos comprendiendo que solo se puede superar el neoliberalismo contrariando la especulación financiera mediante una mejor inversión productiva” (“América Latina y el socialismo del siglo XXI”, 2010). Claro, lo dicho debe entenderse en términos marxistas, dentro de la estrategia de subsidios, compras estatales, politización y centralización de la segunda reforma agraria de Pedro Castillo. Esta terminará inevitablemente en la ruina económica, pero no sabemos si en una exitosa movilización política.

Lo que se ha omitido decir es lo más importante. En el Perú de 33 millones de habitantes, utilizando el dinero de todos los contribuyentes –donde el 79,3% de los habitantes son urbanos y solo el 20,7% rurales–, solo 3 millones serán los beneficiarios de esta propuesta presidencial que utiliza el dinero de todos los aportantes. Este proyecto podría llevar a una confrontación con la realidad económica de la agricultura de libre mercado. A pesar de la demagogia y las falacias de los teóricos del socialismo del siglo XXI, el socialismo fue, es y será siempre de arriba abajo. Expoliará a quien haya que expoliar para lograr sus objetivos políticos.