Cuestiones de confianza, por Elmer Cuba

Cuando existe algún problema que requiere algún tipo de intervención estatal se necesita seguir un orden lógico para enfrentarlo con mayores probabilidades de éxito.

Primero –algo que no es menor– se necesita identificar bien el problema. Muchas veces las autoridades de un país no se preocupan de atender este punto. El riesgo es terminar produciendo normas, políticas o medidas que no respondan a problemas reales, sino más bien a algunos síntomas del mismo.

Un segundo paso es avanzar hacia un buen diagnóstico del problema. Ello implica un análisis de causalidad: ¿Qué variables causan el problema? ¿Cuáles se pueden afectar y cuáles no, por no estar al alcance, ser muy costoso, etc.?

Un tercer paso es el diseño y la ejecución de las políticas públicas conducentes a resolver el problema identificado.

En todo el proceso, las autoridades deberán preguntarse sobre la suficiencia de las medidas, los conflictos con otros objetivos de política y la incertidumbre sobre los resultados. Así como también deberán estar dispuestos a enmendar los errores.

En ese sentido, las políticas públicas se parecen mucho a la medicina. Un paciente se presenta con síntomas de una enfermedad. Los médicos pueden ser buenos, regulares o malos. Pueden o no tener a su disposición todos los exámenes y equipos que ayuden a identificar el problema (pruebas de sangre, laboratorio, rayos X, tomografías, etc.). La receta puede fallar en la dosis adecuada y, por último, el paciente puede no seguir el tratamiento.

Las reformas constitucionales en cuestión (de confianza) son solo una parte de un conjunto mucho mayor de reformas necesarias para solucionar los problemas que pretenden resolver.

Un mejor sistema de justicia pasa por un mejor mecanismo de elección de magistrados, sí, pero no se agota allí. Para que el ciudadano reciba un mejor servicio se requieren más normas y afinados procesos, aprendizaje y retroalimentación.

Un nuevo sistema político que sea más representativo y eficiente en sus funciones legislativas y de control necesita un conjunto de reglas distintas a las que ha presentado hasta ahora el Ejecutivo para el referéndum.

Que dos cámaras son mejores que una, parece algo correcto. Así se permite una representación nacional y otra más geográfica regional. Asimismo, se diluye el poder de una sola cámara en dos y se asignan mejor algunas funciones específicas a cada una. La de senadores no podrá ser disuelta, por ejemplo. En cuanto al número de representantes, si seguimos la media –por número de población– de Chile y Colombia, tendríamos 150 diputados y 60 senadores.

Sobre el financiamiento de partidos hay mucho que mejorar. Con topes a los aportes privados y bajos aportes públicos se genera espacio para financiamientos provenientes de actividades ilegales. Asimismo, se propician gastos no realizados ni reconocidos directamente por los partidos, sino por simpatizantes anónimos.

Finalmente, la prohibición de la reelección de congresistas sería un retroceso que atenta contra la positiva reforma de las dos cámaras. Esta prohibición afecta severamente las carreras políticas. No tiene asidero en la evidencia internacional. La exposición de motivos de esta norma es muy pobre y busca ampararse en otras normas equívocas sobre la prohibición a la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Estas últimas deberían eliminarse.

Antes de proponer medidas sin ton ni son, las autoridades deben preguntarse cuál es el problema que buscan enfrentar. En políticas públicas, muchas veces se obliga a tomar la medicina para una enfermedad inexistente. En otros casos, una medicina para otra enfermedad. Mientras tanto, hay muchas enfermedades que no están recibiendo tratamiento o que reciben un tratamiento insuficiente. Y hay otro tanto con diagnósticos erróneos.

En el caso de la no reelección de congresistas (y también de alcaldes y gobernadores regionales), esta es como obligar a tomar la medicina equivocada, teniendo consciencia de esto y solo porque al paciente le gusta el sabor y sonríe.

De las cuatro reformas en cuestión, la única que afectaría positivamente en el mediano plazo al bienestar de los ciudadanos y a la eficiencia económica es la del CNM. En cuanto a las otras tres, su efecto en el mediano plazo es contradictorio y, en el mejor de los casos, incierto.

Existen otras normas importantes para el desarrollo del país. Reformas laborales y tributarias de más alcance no han sido parte del pedido de facultades. Se tendría que dar un debate más profundo y amplio para que se pueda avanzar en esa dirección. Solo los dos poderes juntos pueden ir más lejos.