La reforma universitaria, por Francisco Miró Quesada Rada

Me he opuesto al proyecto de reforma universitaria porque viola el mandato constitucional sobre su autonomía. Se trata de cumplir con la ley. En consecuencia, como señalé en artículo anterior, de convertirse el proyecto en ley, se debe plantear su inconstitucionalidad. Dicho esto, que es una toma de posición principista, no puede negarse la necesidad de hacer cambios para contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza en los centros superiores de estudios.

Hay que impulsar más la investigación en las diversas áreas del conocimiento. Esto es fundamental, no solo para enriquecer el saber, sino para que este pueda ser aplicado para el progreso y desarrollo de nuestra sociedad.

Es cierto que algunas universidades públicas y privadas están cumpliendo con este requisito, pero son pocas. No basta la enseñanza, tienen que crearse condiciones y facilidades para que los profesores y estudiantes puedan investigar más. En consecuencia, las universidades deben invertir en esta dirección.

Creo que el bachillerato automático fue una medida demagógica fujimorista para ganarse a los alumnos. Debe retornarse a la tesis para optar el grado de bachiller, que, como se sabe, es un grado académico. Lo que se busca con ella es que el alumno investigue y aporte con su investigación.

Hay alumnos que deciden graduarse con tesis porque valoran la investigación, quieren que esta sea la prueba de su interés por el estudio. El facilismo del bachillerato automático ha contribuido, entre otros factores, con la disminución de la calidad universitaria, la que requiere un alto nivel de exigencia intelectual.

En cuanto a la elección de las autoridades, se debe cambiar la actual modalidad que es de tipo estamental por una en la que estas sean elegidas directa y universalmente por todos los docentes, estudiantes, y también por el personal administrativo. Se entiende que esta elección es aplicable a las universidades públicas y privadas sin fines de lucro. Para democratizar las relaciones universitarias, no debe haber reelección inmediata de ninguna autoridad para evitar la concentración de poder y las argollas que se forman por esa concentración. La reelección debe ocurrir, al menos, luego de un período de gobierno

Se requiere una mejor capacitación de los docentes en técnicas pedagógicas, actualización de las bibliotecas centrales, además de las especializadas que poseen las facultades, y desde luego mejorar el sueldo de los docentes en las universidades públicas y en la mayoría de las privadas que es muy bajo. Este debe estar en proporción a la categoría de cada docente. En las particulares más del 50% de los docentes deben ser ordinarios. Hay demasiados profesores que trabajan a destajo, en la modalidad de honorarios profesionales, y lo que se paga por horas en diversas universidades es humillante. Considero fundamental el retorno a los estudios generales no solo para nivelar a los alumnos que egresan de los colegios, sino para que gocen de una cultura universal en artes, ciencias y humanidades.

También, sobre todo en las universidades públicas, se tiene que mejorar la infraestructura y los servicios.

El 18 de mayo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó un aviso en este Diario titulado “Imposición no es democracia”, y desde luego no lo es. Si bien debe mantenerse la autonomía universitaria, precisamente y dentro de este principio, es necesaria una reforma.

Esta reforma requiere de un debate democrático en el que participen todos los sectores interesados: autoridades, profesores, estudiantes, trabajadores y padres; porque el ‘leitmotiv’ del proyecto de reforma que se está proponiendo es intervencionista y autoritario. La educación universitaria no puede quedar a merced del capricho de unos cuantos políticos y funcionarios que quieren imponer una visión de la educación recurriendo a prácticas antidemocráticas.