Reformas políticas pendientes, por Felipe Ortiz de Zevallos

De una democracia básicamente definida por su sistema electoral, debemos avanzar en el Perú hacia una que se afirme también en ciudadanos conscientes y en instituciones políticas maduras. El sistema democrático debe conjugar bien con el desarrollo económico y no resultar un obstáculo para el crecimiento productivo, porque somos aún un país con muchas carencias y se requiere reducir la desigualdad de oportunidades entre sus ciudadanos, así como extender –en lo posible– sus lazos de cohesión nacional. La relación entre el Estado y los mercados debe ser una precisa y fructífera, y aquella entre el Estado y los diversos grupos sociales una más abierta, tolerante y eficaz.  

¿Cómo puede medirse la democracia en un país? No es un esfuerzo simple ni fácil. Desde el 2006, “The Economist” la estima con un índice que integra sesenta indicadores correspondientes a cinco categorías: 1) procesos electorales y pluralismo, 2) libertades civiles, 3) funcionamiento del sector público, 4) participación ciudadana, y 5) cultura política.

En base a este análisis, la revista londinense ha clasificado 167 países en: democracias plenas (24), democracias defectuosas (52), regímenes híbridos (39) y regímenes autoritarios (52).

Según dicho índice, los países con mejores democracias en el mundo son: 1) Noruega, 2) Suecia, 3) Islandia, 4) Nueva Zelanda y 5) Dinamarca. Canadá (7) supera a EE.UU. (19). Uruguay (17) es el que destaca en la región latinoamericana. Alemania (13) supera a Francia (23). Otros países relevantes son: España (22), Costa Rica (24), India (27) y Chile (32). Un país, como los mencionados, para calificar como “democracia plena”, debe alcanzar una nota promedio superior a 8,00/10,00 en este índice.

El Perú, en el puesto 63, se encuentra entre los países con “democracias defectuosas”, no solo detrás de Uruguay, Costa Rica y Chile, sino también de Brasil, Panamá, Argentina, México, República Dominicana y Colombia.       

El puntaje promedio del Perú, en el 2014, fue 6,54. Con menos de 6,00, un régimen político es calificado como “híbrido”, no democrático. Las subcategorías, en el caso peruano, muestran puntajes diversos: a) procesos electorales y pluralismo: 9,17; b) libertades civiles: 8,53; c) funcionamiento del sector público: 5,00; d) participación ciudadana: 5,00; y e) cultura política: 5,00. Puede concluirse por tanto que el sistema electoral peruano, así como el actual contexto de libertades civiles, cumplen razonablemente estándares democráticos internacionales. Salimos jalados, en cambio, y con mala nota, en la funcionalidad del sector público, en participación ciudadana y en cultura política. El sector público chileno, por ejemplo, obtiene 8,93 de nota, y el colombiano, 7,14. No hay mucha razón para estar por detrás de tales países vecinos.   

Transparencia, asociación que tengo la responsabilidad de presidir, tiene como misión institucional contribuir al fortalecimiento de la democracia. En sus primeros 20 años, sus tareas se centraron más en la observación electoral. Ahora queremos ampliar el horizonte para aportar, en lo posible, a que el Perú pueda superar su empirismo estatal (Basadre dixit), su anomia ciudadana y una cultura política tan patrimonialista y personalista.   

No es fácil implantar reformas políticas que contribuyan a una mejor institucionalidad. Se requiere un amplio consenso difícil de lograr. Siendo Transparencia una institución plural –sus 52 asociados provienen de distintos sectores y cuentan con posiciones ideológicas variadas–, asumimos que podemos ofrecer, como aporte, un conjunto de propuestas consensuado entre nosotros.    

Así, le encargamos a ocho de nuestros asociados: Patricia del Río, Nuria Esparch, Francisco Paniagua, Stefan Reich, Oswaldo Sandoval, Martín Tanaka, Carolina Trivelli y Gonzalo Zegarra que identificaran conjuntamente reformas políticas que pudiéramos proponer ante la opinión pública como un aporte para fortalecer la democracia. 

Este esfuerzo ya viene tomando algunos meses y debiera concluir por estos días. Nos tomará el mes de agosto para que las diversas instancias de Transparencia revisen y afinen tal propuesta y así poder presentarla al país en setiembre.

El documento inicial será uno bastante sucinto. Pero como el diablo a veces se esconde en los detalles, vamos a complementarlo luego, gracias al aporte de juristas especializados, con la redacción específica de cada uno de los instrumentos legales necesarios para que tales propuestas se apliquen en el sentido planeado, evitando así que algún tiro nos salga por la culata. feli

A diferencia de algunas reformas económicas, que pueden darse en un solo día, la mayoría de las reformas políticas requieren de tiempo y paciencia para alcanzar efectivamente los resultados previstos. Son reformas de “segunda generación” como las denominó Moisés Naím. Y será esencial promover un acuerdo político para lograr su aplicación. A ese objetivo queremos también contribuir desde Transparencia.