Reforzar el incipiente impulso reformista

En un país que se viene degradando hace años, uno trata de desarrollar un sexto sentido para percibir atisbos de reformas que pudieran cambiar el curso al despeñadero. He encontrado algunos anuncios en el discurso de 28 de julio que ponen de manifiesto que hay un cierto impulso reformista del que no sabemos si la presidenta es plenamente consciente, pero que es necesario recoger, reforzar, complementar y darle sentido estratégico.

Corresponde básicamente a iniciativas de la tecnocracia del MEF, de la PCM y del sector Interior y la policía, que se han expresado en pedidos de facultades legislativas, relativas a seguridad ciudadana y lucha contra el crimen, inversión público-privada, simplificación de regímenes tributarios para facilitar la formalización y crecimiento de las empresas, reforma del sistema de pensiones para incluir a todos y relanzamiento del régimen de servicio civil para restablecer o establecer la meritocracia en el Estado.

Pero para darle fuerza, autenticidad y dirección a esos cambios, la presidenta debió haber imbuido su discurso de un sentido de emergencia y hasta de angustia por el hecho de que el país ya no crece para reducir la pobreza y que necesitamos hacer cambios profundos para volver a crecer a tasas altas, para sintonizar también al Congreso y a todos. De haber sido así, no se le habría pasado mencionar, por ejemplo, el decreto legislativo 1565 publicado en mayo, que hace obligatoria la aplicación de un Análisis de Impacto Regulatorio a las normas por salir y a las antiguas, una reforma clave para reducir el peso regulatorio sobre los emprendimientos y que el Congreso debería fiscalizar que realmente se aplique. También habría incluido reformas y decisiones para impulsar la inversión minera y evolucionar hacia una normatividad laboral inclusiva, que facilite la formalización, la inversión y mayores salarios.

Las iniciativas de la tecnocracia deberían ser recogidas y expandidas por los políticos. Lo que pasa es que ni la presidenta ni el Congreso tienen incentivos para mejorar y para impulsar verdaderos cambios. La presidenta carece de partido interesado en llegar con opciones al 2026 y de una oposición congresal seria. En el Congreso ocurre lo mismo: solo cinco bancadas de 13 corresponden a partidos (de las cuales dos no tienen contacto son su partido) y no hay reelección. No hay incentivo para desarrollar una oposición constructiva que impulse y fiscalice reformas, sino para afianzar intereses de corto plazo. Y el Gobierno necesita una leal oposición.

Este círculo vicioso solo se puede romper desde afuera: desde los partidos mismos de centro y derecha que fueron los que negociaron directamente entre ellos –sin los congresistas– la formación de la Mesa Directiva, de modo que ya podrían avanzar a acordar unas bases de plan de gobierno al 2026 que sirvieran de guía a sus bancadas en el Congreso. Y desde la sociedad civil (empresarios, universidades, institutos), para proponer reformas y nombres a fin de mejorar el elenco ministerial.

Los pedidos de facultades legislativas deberían animar al Congreso a pasar a una agenda de reformas. En seguridad, por ejemplo, se está planteando modificar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para devolverle atribuciones de investigación a la policía ‘vis a vis’ los fiscales, algo fundamental, y también para que gobiernos regionales y locales puedan usar el canon en la construcción y equipamiento de laboratorios de criminalística, que casi no existen, porque, siendo el NCPP “garantista”, exige pruebas que la policía no puede presentar, porque no tiene laboratorios, para proceder con la detención preliminar o preventiva. Es una de las razones por las que se libera a tantos delincuentes, incluso flagrantes. Y porque no funciona el “proceso inmediato”. Para eso también se hace planteamientos.

Si el Gobierno y el Congreso no se concentran en dar un salto de calidad en la aprobación de leyes, reformas y gestión, el 2026 será un albur.