La próxima semana se realizarán interrogatorios sobre la apertura de cuentas para el pago de sobornos de Odebrecht a exfuncionarios peruanos.. (Foto: Agencia Andina)
La próxima semana se realizarán interrogatorios sobre la apertura de cuentas para el pago de sobornos de Odebrecht a exfuncionarios peruanos.. (Foto: Agencia Andina)
César Azabache

Abogado, Penalista

El intento de indulto, la vacancia, el descubrimiento de una mafia enquistada en el Judicial, el referéndum, la detención de Keiko Fujimori, el Caso Chávarry y la desarticulación de Fuerza Popular. El 2018 fue un año en que vivimos en peligro. Y eso no deja de tener consecuencias.

Los ciclos políticos que adquieren la intensidad de una montaña rusa sin barandas inoculan en el sistema cierta dependencia a vivir en medio de una insana adrenalina. Una adrenalina que nos envuelve en un ambiente predominantemente apocalíptico en el que insistimos en lanzar denuncias tortuosas ante cada evento nuevo, sin concedernos espacio para reconocer los momentos en los que logramos alcanzar determinadas metas concretas. Correctamente abordados, esos momentos deberían permitirnos reconocer que no todo se limita a repetir fracasos en nuestra difícil vida institucional.

Por lo qué toca a los casos Odebrecht, he insistido en que los dos grandes hitos que debemos sostener como objetivo colectivo corresponden a la reparación de los daños causados al Estado y el inicio de los juicios.

Perdimos dos años antes de tenerlos a la vista. Pero ahora finalmente comenzamos a alcanzarlos. Un Estado habitualmente deficitario en lograr indemnizaciones por los daños que sufre anuncia una plataforma desde la que el principal caso judicial de los últimos años deberá encontrar la senda de una compensación apropiada. La lectura de la noticia nos coge en medio de una desconfianza aprendida hacia resultados que parecen a veces imposibles. Entonces desconfiamos. Pero encuentro que esta vez no tenemos por qué desconfiar.

Para entender el proceso, es imprescindible notar que el acuerdo de reparación anunciado por la fiscalía y la procuraduría especial no es en verdad ni el primero ni el último que contiene el proceso. Primero fue el acuerdo de enero del 2017, que liberó la evidencia con que se lanzó el caso del metro de Lima y generó los primeros US$8 millones de compensación. El segundo se aprobó en octubre del 2018 y representó US$20 millones adicionales por el Caso Chacas. Este, el que ahora discutimos, no es entonces el primer acuerdo ni tiene por qué ser el último que se firme. Con él las compensaciones que el Estado pone sobre la mesa incorporan US$190 millones adicionales. Y aún hay que agregar los US$60 millones que la procuraduría ha obtenido en embargos vigentes impuestos a personas individuales y a otras empresas vinculadas al caso. Son entonces US$278 millones y aún falta definir a cuánto ascenderá la reparación que deberá pagar Odebrecht por haber filtrado en el sistema político US$8,4 millones reconocidos de manera clandestina. Si mantenemos las proporciones, la reparación por los casos relacionados con actividades políticas debería alcanzar alguna cifra ubicada entre US$20 millones y los US$40 millones adicionales, de modo que podríamos estar por superar, en cálculos conservadores, los US$298 millones.

Y la lista de compensaciones debería incluir además el acuerdo con Josef Maiman y acaso con alguna de las empresas que en su momento se asociaron a Odebrecht.

Una buena manera de controlar la aceptabilidad de esta compensación consiste en marcar como mínimo a percibir el doble de las ganancias ilícitas que ha reconocido haber generado el corruptor. En las confesiones de Washington Odebrecht no solo aceptó haber pagado en el Perú US$29 millones en sobornos. También aceptó haber acumulado US$143 millones en ganancias ilícitas. La cifra aún requiere más de un ajuste, porque los US$29 millones en sobornos inicialmente reconocidos son ahora US$50. Pero mientras se revisan los números (los US$143 millones podrían transformarse, aún no lo sabemos, en US$245) el doble de las ganancias ilícitas admitidas hasta ahora equivale a US$286 millones. Mientras las cifras se ajustan, estamos acercándonos a superar el borde de lo mínimo aceptable con comodidad.

Entonces la senda de la compensación de los daños ha sido establecida. Para reconocer la razonabilidad de la cifra nos faltará por cierto tener además alguna idea de la cantidad de evidencia que estos acuerdos producen. Pero mientras la evidencia se acopia y se introduce a los casos en preparación, debemos mirar el proceso en perspectiva y no concentrarnos solo en los US$190 millones de este acuerdo. Solo US$190 millones en efecto serían muy poco. También habría sido poco quedarnos con los US$8 millones del primer acuerdo o los US$20 del segundo. Considerar estos acuerdos en conjunto es ahora fundamental.

Entonces colectivamente toca ahora concentrarnos en las acusaciones que esperamos y el inicio de los juicios, que debería ocurrir durante el segundo semestre de este año. Son ellos, no estos acuerdos ni las audiencias de prisión preventiva, los que deben ofrecernos un espacio suficientemente sólido para discutir las diferencias entre lo justo y lo posible de esta historia de manera definitiva.