Los retos de la agenda económica, por Alonso Segura

El Perú es una de las economías con mayor potencial de crecimiento de la región y se ha distinguido por el manejo responsable de sus finanzas públicas y el buen desempeño de sus cifras macroeconómicas.  Como pocas veces en nuestra historia, el sueño de tener un país moderno que brinde igualdad de oportunidades a sus ciudadanos parece cada vez más cerca, pero es un camino que no está exento de dificultades. 

Al igual que lo ocurrido en la gran mayoría de países de la región, este ha sido un año de debilitamiento en el crecimiento de la economía. Es indudable que factores externos han contribuido de manera determinante en este resultado, si bien también se han sumado otros de fuente doméstica, tanto de oferta como de demanda. 

Sin embargo, indicadores adelantados de actividad económica, que se utilizan como señalizadores de lo que se viene, ya empiezan a mostrar un mayor dinamismo, lo cual sugiere una recuperación gradual del crecimiento en los próximos meses. En este sentido, lo peor de la desaceleración ya habría pasado y los factores adversos se irán disipando gradualmente durante el resto del año, aun cuando en el tercer trimestre podamos ser testigos de un crecimiento todavía errático.  

En este contexto, los objetivos del gobierno del presidente Ollanta Humala apuntan a continuar reduciendo la pobreza y generando mayor inclusión social.  Para ello, es necesario consolidar la recuperación de la economía, generar las condiciones para sostener altas tasas de crecimiento en el mediano plazo, persistir y profundizar en la implementación de reformas e iniciativas ya en marcha, así como adoptar algunas medidas adicionales prontamente.

Es fundamental continuar con la implementación de las grandes reformas que este gobierno ha venido trabajando en los siguientes campos: el servicio civil, el magisterio, el sector salud, entre otros. Estas reformas reflejan la apuesta del gobierno por fortalecer el capital humano y la meritocracia en la administración pública que permitan a su vez la provisión de mejores servicios a los ciudadanos. Una muestra clara de cuán prioritarias son estas reformas es el incremento sustancial de casi 1% del PBI en la asignación para los sectores de Educación y Salud en la propuesta de Presupuesto General de la República remitida al Congreso para el año 2015, así como el compromiso de recursos incrementales para el 2016. 

De igual modo, es necesario garantizar la ejecución oportuna del gasto público, y en particular, de la inversión pública, en línea con los objetivos y asignaciones plasmados en el presupuesto; así como continuar con el despliegue del presupuesto por resultados. En esa línea, se ha venido trabajando en mecanismos para modernizar y hacer más ágiles los procesos de compras y contrataciones del Estado. Este no es un reto menor debido a la complejidad de los procesos y la multiplicidad de entidades involucradas, pero hay que seguir haciendo más predecible, eficiente y equitativa la asignación y ejecución del gasto público en todos los niveles de gobierno. Recordemos, además, que el gasto público es la principal herramienta de política fiscal, más aun en situaciones como la actual, que ameritan un sesgo contracíclico como mitigante al debilitamiento temporal de la actividad privada. Iniciativas como la extensión de obras por impuestos al gobierno nacional en sectores priorizados, propuesta del Ejecutivo que se encuentra hace unas semanas en el Congreso de la República, son fundamentales en este esfuerzo.

Estamos abocados en profundizar y hacer aun más comprensivos los esfuerzos en la eliminación de la ‘tramitología’ pública que se traduce en sobrecostos y demoras a la conducción de actividades por parte de los ciudadanos y de las empresas. A este efecto, y en línea con los esfuerzos de seguimiento y destrabe de inversiones, así como del segundo eje del Plan Nacional de Diversificación Productiva, se está trabajando una propuesta normativa que gatille en las entidades públicas la obligación de diseñar, proponer y remitir iniciativas de simplificación de sus procesos, en un breve plazo. 

Un mecanismo sostenible para acelerar el cierre de la brecha de infraestructura y provisión de servicios de calidad a los ciudadanos proviene de darle un impulso aun mayor a las asociaciones público-privadas. A este efecto, no solo se vienen formulando proyectos bajo iniciativa estatal, sino que se está trabajando en impulsar decididamente las iniciativas privadas cofinanciadas (IPC). En este sentido, se encuentran actualmente en evaluación una cantidad importante de IPC, incluyendo sectores sociales como salud y educación; varias de las cuales consideramos estratégicas para el Estado Peruano y sobre las que haremos anuncios próximamente. 

Asimismo, estamos evaluando medidas adicionales, incluyendo los ámbitos tributario y laboral, que  brinden un soporte adicional a la actividad económica, impulsando así las expectativas en el corto plazo y permitiendo generar mayor competitividad y ganancias de productividad en la economía hacia el mediano plazo. Estas medidas deben tener como denominador común el coadyuvar a facilitar la generación de empleo formal. Somos conscientes de que vivimos en un mundo cada vez más competitivo, y por ello, tenemos que trabajar para generar las condiciones que nos permitan integrarnos exitosamente con nuestros pares de la Alianza del Pacífico, así como avanzar decididamente en el proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

Estos son algunos de los principales retos que tenemos por delante. Es mi compromiso con todos los peruanos mantener el desarrollo de políticas económicas equilibradas así como promover inversiones de calidad, que contribuyan al crecimiento con inclusión social. Para ello, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, buscaremos, a través del diálogo y el intercambio de propuestas, lograr los consensos que una agenda tan ambiciosa, y tan necesaria, requiere.