Van a cumplirse 5 años desde la creación del Ministerio del Ambiente (Minam) y es evidente que ya estamos en una fase de afinamiento y desarrollo técnico-normativo que por razones obvias genera tensiones y debates. La revista “Poder” en su edición de febrero presenta el caso de los estándares de calidad ambiental (ECA) y de los límites máximos permisibles (LMP) de contaminación fijados por el Minam y duramente criticados por el gremio minero. Hace poco menos de un año el paquete de normas para la promoción de inversiones incluyó disposiciones para reducir plazos, evitar multas y pasar competencias exclusivas del Minam al ámbito del Consejo de Ministros. Y en los últimos días se esperaba un fallo del Indecopi que debilitaría de manera considerable al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Se trata de la posible eliminación del aporte por regulación (APR), una contribución económica obligatoria que las empresas pagan a Osinergmin y al OEFA para que la autoridad ambiental supervise, monitoree y cuando corresponda, sancione. En un reciente evento del OEFA, donde participaron al menos 4 gremios empresariales, me sorprendió el reconocimiento de estos a la estrategia de fiscalización del OEFA basada en alertas, medidas correctivas y solo después de incumplir estas, sanciones al infractor. No obstante, hay cierta irritación en el ambiente empresarial porque quizá se sospecha que no habrá marcha atrás, a pesar de las idas y venidas y porque en muchos casos habrá que reemplazar tecnologías obsoletas para alinearse con las exigencias del mercado y los objetivos ambientales.
La pregunta de fondo es si la regulación ambiental es el problema o si el fortalecimiento del Minam y del OEFA son percibidos como sobrecostos por el sector empresarial. Se pide celeridad y funcionarios públicos con mayor conocimiento de la realidad industrial y, es verdad, el Estado carece de profesionales bien remunerados de todas las disciplinas para atender la demanda de informes y evaluaciones asociados a los EIA y permisos ambientales. El reto de las regulaciones ambientales es buscar el necesario equilibrio entre una economía en crecimiento y el aprovechamiento sostenible del capital natural, y para ello debe haber también un equilibrio de competencias y recursos entre la autoridad y los administrados. Fortalecer las instituciones como Minam; OEFA, Serfor, Produce o Sernanp es clave. Se requieren presupuestos, recursos humanos calificados y especialmente voluntad política y diálogo constante de alto nivel técnico entre el Estado y los sectores regulados. Me consta que hay disposición en el Minam de discutir técnicamente los temas para destrabarlos y resolverlos fuera de intereses políticos, pero no puedo decir lo mismo de la industria que juega a dos bandas combinando presiones políticas para relajar normas y controles y apurar procesos para que “el Perú no pierda competitividad” con críticas que menosprecian la labor de un Estado que poco a poco se pone las pilas de la gestión ambiental.
El Perú tiene enormes oportunidades para el uso sostenible de su territorio y recursos naturales. Es inaceptable que un país con más del 70% de su territorio con cobertura forestal asigne tan poco presupuesto a mantener la capacidad productiva en servicios y productos (agua, madera, carbono, biodiversidad, etc.), y que hayamos diseñado tan pocos incentivos para animar a empresarios y comunidades a hacer buen uso del bosque. Es más, subsisten incentivos legales perversos que promueven el cambio de uso del bosque amazónico sano/primario hacia otras actividades seudoproductivas como la agricultura o los monocultivos. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental acaba de publicar 2 libros que analizan los aspectos fiscales de la conservación proponiendo crear un régimen de incentivos tributarios para los proyectos de recuperación de ecosistemas degradados e iniciativas que permitan multiplicar la creciente inversión voluntaria en áreas de conservación privada, así como reconocer el valor de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas sanos. Hay mucho por hacer en materia de fomento de inversiones sostenibles de largo plazo como lo hacen desde hace décadas varios países de la región.