Al menos en los últimos 20 años, la academia y expertos en el Perú, con argumentos y evidencia, han coincidido en la necesidad de grandes reformas que permitan absorber al gran sector laboral informal, el más vulnerable. Sin embargo, en su mayoría el Congreso y, hasta hace unos meses, también el Ejecutivo con su Agenda 19 han continuado regulando a favor de la minoría, el 24% formal, condenando a la gran mayoría a continuar siendo informal. Hoy están en falta ambos por su inacción con respecto a lo avanzando en el marco de esa agenda.
Pero no se puede regular para siempre desconociendo la realidad económica ni los incentivos y las preferencias de las personas. Ese mercado laboral que se cree conocer llegará a su fin. Así, el avance de los procesos de transformación digital e innovación empresarial, el auge de las economías colaborativas, la profundización del uso de la inteligencia artificial y el desarrollo de las economías en el metaverso ya superan la capacidad del Estado de regular y fiscalizar las dinámicas económicas y laborales que allí se desarrollan, y este déficit se acentuará. Peor aún, regular estas dinámicas alejadas del ámbito técnico, sin comprenderlas o por un afán populista, puede ser un duro golpe de exclusión sobre el 76% informal.
Por consiguiente, es muy probable que la regulación laboral peruana como la conocemos sea en un futuro aplicable sobre un grupo cada vez más pequeño de personas. Así, nuestro sector formal bajo la definición vigente probablemente tenga ya un techo de alrededor del 30% que se debería empezar a reconocer. Ello, considerando que alcanzó su mejor momento (28%) en el 2016, impulsado por un contexto de crecimiento económico importante, y que esta cifra considera a 1,6 millones de trabajadores del sector público que difícilmente pueden ‘escapar’ de la formalidad (lo que equivale a alrededor del 30% de los trabajadores asegurados a Essalud declarados por sus empleadores en la planilla electrónica).
¿Pero quiénes son estos trabajadores informales? Quiero enfocarme especialmente en el grupo de “asalariados que no cuentan con un seguro de salud pagado por su empleador” (40% del total de trabajadores informales, según el INEI). Enfoquémonos en su salud.
Es preciso considerar que el primer lugar de atención son las farmacias; un 50% de la población que se enfermó fue directamente a estas, según el INEI. Del otro 50%, el 25% se atendió en el Minsa, el 17% en el privado y solo el 8% en Essalud (vinculado a planilla). También que, según Susalud, el Estado tiene ya asegurado a más del 90% de la población en general, principalmente bajo un sistema desvinculado de la planilla: el 63% está cubierto por el SIS y solo el 27% por Essalud. Asimismo, hay que tener en cuenta que ya un familiar podría estar asegurado y cubrir bajo ese seguro al resto de su familia. Y así, podemos pensar más casos en los que un trabajador tendrá un incentivo menos para ser formal, porque de alguna forma ya se resolvió su requerimiento de atención en salud.
Si lo que realmente interesa es una atención efectiva en salud, ¿por qué no enfocarse en ello? Segmentos como los motorizados, repartidores de aplicativos o las trabajadoras del hogar no van a ser incorporados en una planilla por el solo arte de hacerlo obligatorio por ley.
La forma de empezar a corregir este camino es abandonar el paradigma de que la protección en salud es inseparable de la planilla. El Banco Mundial, en su último reporte sobre pobreza, ha recomendado ello al Perú. El IPE lo hizo también en un informe para la OIT en el 2020.
Trabajar en esa reforma –entre las otras grandes reformas necesarias– significará empezar a reconocer que no se puede seguir regulando el mercado laboral desconociendo hacia dónde va la economía mundial ni los incentivos y preferencias de las personas. También significará reconocer que más importante es el trabajador y no el puesto de trabajo. Finalmente, y muy esencial, se requiere de un servicio de salud de calidad que se provea efectivamente. Las reformas deben ir en ese sentido; trabajemos todos para eso.