:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/6ND5WI7ARVGLFKLOP4GFG2HLJU.jpg)
:quality(75)/cdn.jwplayer.com/v2/media/nwRMKUey/poster.jpg)
No tenemos que dar demasiadas vueltas para saber en manos de quién está la reforma política que el país necesita.
Corresponde sin duda al Congreso de la República, así con todas sus letras, y a la luz de las últimas elecciones, asumir la responsabilidad de no volver a tropezar con la misma desgracia del último 5 de octubre.
La desgracia consiste en que los peruanos hemos vuelto a votar dentro de condiciones legales y materiales que no están a la altura de los poderes que se delegan en las urnas.
Los problemas irresueltos siguen siendo los mismos de siempre: precariedad representativa en las organizaciones políticas; ausencia de democracia interna en las mismas; mediocridad e improvisación en la selección de candidaturas; oscuros financiamientos de partidos y campañas; permisividad absoluta para el despliegue del clientelismo político; e inexistencia de vallas severas y controles capaces de impedir el delictivo tráfico electoral del poder.
El Jurado Nacional de Elecciones se ve imposibilitado por la ley de actuar de oficio para sancionar, por ejemplo, desembozados actos de clientelismo electoral como la oferta de un candidato a la Presidencia Regional de Áncash de entregar 500 soles del canon minero a cada votante, con cargo a su presumible victoria.
Los poderes municipales, regionales, parlamentarios y presidenciales son sencillamente entregados hasta hoy a nombre de una democracia a la que no se honra y bajo mecanismos electorales hechos a la medida de los intereses subalternos que predominan en el Congreso.
Necesitamos urgentemente un compromiso de las bancadas del Parlamento (a través de la Junta de Portavoces) destinado a desentrampar el proceso legislativo de reforma política. Ni la invocación reciente del presidente Ollanta Humala ni el cuadro patético de los resultados electorales que constatan la casi desaparición de los partidos políticos de la escena nacional podrá generar cambio alguno sin ese compromiso clave unitario del Congreso.
Si queremos salvar la institucionalidad del país por sobre los intereses políticos particulares tenemos que avanzar sustantivamente hacia la democratización interna de los partidos y por consiguiente hacia la eliminación del voto preferencial, probadamente pernicioso por donde se lo mire y se lo quiera justificar. Si queremos un sistema democrático respetable, por sobre las capillas partidarias representadas en el Congreso, no deberíamos demorar más tiempo en marchar hacia el voto facultativo.
No deja de ser importante, por supuesto, en la perspectiva de esta reforma política, el financiamiento de los partidos y movimientos que lo merezcan, no solo para consolidar su existencia sino además para liberarlos de la criminalidad que busca coparlos y usarlos.
Necesitamos también definir la futura representación parlamentaria, al costo que sea, precisamente como una manera de garantizar un voto mejor direccionado y una mejor rendición de cuentas de los parlamentarios electos, mediante el sistema de distritos uninominales.
