Seguridad pública: entre el delirio y el peligro

“Cualquiera que acepte una responsabilidad en este Gobierno es cómplice”, ha dicho Marisol Pérez Tello. No puedo coincidir más. Con todo lo que se sabe, sentarse en el Gabinete Ministerial con Pedro Castillo al mando solo se entiende ya para quienes, refraseando la consigna leninista, “¡salvo el fajín, todo es ilusión!”.

Lo es mucho más para el penúltimo en entrar, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, que, si el Congreso cumple con sus obligaciones, será el próximo en salir. Es que en su sector la complicidad tiene un correlato práctico inmediato; a saber, que mientras los fugados Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Juan Silva puedan mantenerse en la clandestinidad, no representan un peligro para la permanencia en el cargo del jefe del ministro.

Los problemas con Senmache no se agotan allí. Parece, además, ser un buen discípulo de Aníbal Torres. Quizás por razones generacionales no expresa su admiración hacia Adolf Hitler, pero sí hacia el joven dictador de El Salvador, Nayib Bukele, que está haciendo trizas la democracia en su país utilizando métodos vedados (y de muy dudosa eficacia a mediano plazo) para combatir la delincuencia. Expresamente, el ministro ha dicho que, si lo dejan en el cargo, quiere emularlo.

Algo delirante, porque el admirado es un presidente autoritario, pero que por ahora puede hacer lo que quiera porque ha logrado seducir al 82% de sus ciudadanos (así empiezan muchos autoritarismos y ya sabemos cómo terminan), mientras que su nuevo fan es un precario ministro de un todavía más precario presidente, de un (des)gobernante que raspa el 20% de aprobación y que se mantiene en el poder gracias a sus “seis niños”.

Delirios aparte, ¿qué se hecho por la seguridad ciudadana durante el gobierno de Pedro Castillo? Lo único: la efectista decisión de restringir derechos ciudadanos y poner a la Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la labor de seguridad (lo que esta obedece casi simbólicamente). Medida que no ha servido para nada, pero que ha sido ampliada otra vez por 45 días.

Como una cosa es con guitarra y otra con cajón, el ministro Senmache, que había expresado su desacuerdo con esta medida, se ha unido al populismo barato.

Súmese un nuevo y grave peligro: la aprobación por insistencia en el Congreso, con la asombrosa votación de 97 a favor y solo 15 en contra, de una ley que le da nuevas atribuciones y a nivel nacional a los Comités de Autodefensa (CAD).

Los CAD en el Vraem, importantísimos hace tres décadas para la derrota de Sendero Luminoso, merecen reconocimiento y hasta beneficios materiales y honores por su sacrificio.

Pero lo que hace esta norma es convertir lo que fue una situación excepcional, urgente y temporal –en la que el Estado tuvo que ceder sus atribuciones a una organización paramilitar, en una región muy inaccesible y asolada por el terror– en un esquema de aplicación nacional en todas las zonas rurales del país.

Con ello, se hace añicos uno de los principios fundamentales en un Estado de derecho, que limita el uso de las armas para garantizar el orden y la seguridad a las FF.AA. y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ahora, el estado les puede dar armas, pueden recibirlas por donación de privados, los incluyen el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y les dan múltiples funciones de orden público. Nuria Esparch, que fue ministra de Defensa cuando se observó la ley en el gobierno de Francisco Sagasti, señala otros problemas; por ejemplo, el hecho de que cualquier grupo de ciudadanos, incluso sin estado de emergencia, puede formar su CAD en cualquier lugar rural del país.

Surge el riesgo de que exista manipulación política de estas organizaciones paramilitares autorizadas a operar con armas de fuego por grupos ultra radicales de diferente signo.

Pero más inminente es que van a potenciar las economías criminales en el país. Rubén Vargas, gran conocedor del Vraem, señaló en “La República” que, salvo en la zona asháninka, donde los CAD están luchando por la sobrevivencia ante el avance arrasador de la coca ilegal y el narcotráfico, en el resto del Vraem más del 60% de sus miembros son cocaleros ilegales que viven del narcotráfico.

Muy probablemente, más pronto que tarde, tendremos CAD financiados y armados por mineros y taladores ilegales, por mencionar otras dos economías ilegales que crecen en el país.

Si las rondas campesinas que no pueden legalmente estar armadas ya se encuentran en muchas zonas detrás del apoyo a economías ilegales, como en el caso de los wampis, amenazados por taladores ilegales armados que están apoyados por las rondas del lugar, no hay que imaginar mucho para hacerse una idea de lo que puede ocurrir con los CAD a los que se les ha dado carta libre para armarse en todas las zonas rurales.

La principal responsabilidad por lo ocurrido es del Congreso, pero cuenta con la complicidad de la pasiva reacción del Gobierno mediocre e indolente que tenemos y que recién expresa su preocupación a través de una solitaria declaración del ministro de Defensa, José Luis Gavidia, que probablemente lo haga como respuesta a la indignación de las FF.AA. Dicen los suspicaces que el ministro del Interior, antes de pronunciarse, le preguntará a Bukele.