Shock Institucional, por Carlos Meléndez
Shock Institucional, por Carlos Meléndez
Carlos Meléndez

Politólogo

El Perú no necesita una reforma política sino un ‘shock’ institucional. Existe un clima favorable a los cambios normativos, pero los términos del debate son inadecuados. La discusión se empantana si se guía de ocurrencias de gabinete de consultor internacional o de manual de aprendiz de tecnócrata político. ¿Eliminar el voto preferencial? ¿Prohibir los movimientos regionales? ¿Distritos uninominales o plurinominales? Todos ellos son dilemas superficiales, cuya resolución no detendrá el hundimiento del barco.

El país requiere un ‘shock’ institucional audaz, que implique una sistematización seria de evidencia y responsabilidad política. Primero, no podemos caer en el simplismo de poner el parche legal sino también debemos conjugar reformas paralelas y sincronizadas en la Ley de Partidos Políticos, en la de descentralización y en los mecanismos de control. Ajustes a la Ley Orgánica de Municipalidades y a los mecanismos de participación ciudadana también deberían incluirse en este ‘paquetazo’. Además, tendríamos que repensar la división política del país: redibujar nuestro mapa. No podemos continuar con jurisdicciones que han caducado por los propios procesos sociales y económicos de las últimas décadas. No me refiero a ‘regionalizaciones’ artificiales, sino a reconfigurar unidades mínimas de representación política (integrar provincias en torno a corredores). Nuestra crisis empieza por ahí.

Segundo, no se pueden llevar adelante reformas según antojos o prejuicios. Si se quiere, por ejemplo, promover el financiamiento público de partidos, se debería justificar técnicamente su conveniencia. Importar irreflexivamente ‘best practices’ del extranjero aporta poco; nuestra Ley de Partidos fue también el resultado de ‘genialidades’ de la cooperación internacional. Tus recetas, estimado ‘reformólogo’, deben pasar por el escrutinio de la evidencia.

Tercero, es importante contar con una voluntad política plural de respaldo. Un gobierno de salida y desgastado no podría dar ese apoyo. Sin embargo, las elecciones del 2016 dan el ‘timing’ ideal para plantear este ‘shock’ como un acuerdo poselectoral entre candidatos. Este pacto no sería tan ingenuo si se marca como horizonte temporal el largo plazo.

Como ven, este desafío implica la formación de un equipo plural, descentralizado y multidisciplinario. No podemos quedarnos en el nivel de constitucionalistas y politólogos, porque precisamente el problema de nuestra institucionalidad es que ha sido desbordada desde la sociedad y la economía. No se pueden normar, por ejemplo, mecanismos de democracia interna sin pensar en el impacto de la informalidad económica en la participación política individual. No repitamos los errores frescos (Ley de Partidos Políticos y descentralización) que –oh, casualidad– fueron diseñados por los mismos que ahora critican su propia obra desfasada por no considerar la sociedad, la economía y la geografía. Si no vemos el problema institucional de manera holística, mejor no toquemos nada.

Finalmente, requerimos incentivos para que políticos, empresarios y ciudadanos cooperen con este norte. Los políticos no querrán seguir administrando un país ingobernable, los empresarios han descubierto que las instituciones son el principal obstáculo para sus negocios y la sociedad ha visto afectada gravemente su convivencia. El próximo bicentenario de la independencia da el contexto propicio para refundar institucionalmente nuestro país. La situación de anomia social requiere un desafío histórico. ¿Estamos dispuestos?