El curso de los eventos políticos nos promete para el 2022 lo mismo que el año pasado: inestabilidad, inseguridad e incapacidad.
La inestabilidad la generan los espasmos que producen la corrupción y la ausencia de un programa de Gobierno.
Los propios líderes de esta administración no se imaginaron nunca que llegarían al poder. El partido de Gobierno, además, está vinculado desde sus orígenes con la corrupción.
No solo se trata de la mafia Los Dinámicos del Centro. No se puede olvidar que el secretario general y fundador del partido, Vladimir Cerrón, tiene condena firme por negociación incompatible en agravio del Estado. Se le exige una reparación civil de S/850 mil.
No decimos que todos los miembros del nuevo Gobierno sean corruptos. Sostenemos que, dados sus orígenes, es altamente probable que los casos de corrupción no terminen con la asunción del mando.
Hay lobbistas y contratos sospechosos en el entorno inmediato del presidente Pedro Castillo. Esto revela que la atmósfera corruptiva no solo se limita a los orígenes de Perú Libre, sino que también alcanza a otros ámbitos del Gobierno.
La inestabilidad proviene de posibles casos de corrupción, pero también de una profunda incapacidad para elegir autoridades. Las denuncias públicas y la investigación periodística han revelado muchos casos de incompatibilidad de funcionarios con estándares mínimos de gestión.
Esto lleva a cambios sucesivos y a una falta de dirección en la administración pública. La consecuencia es parálisis de la administración y pérdida de legitimidad.
“Siempre con el pueblo” es el lema del Gobierno. La frase, genérica y demagógica, describe la desorientación general de la política gubernamental. “El pueblo”, como se sabe, no es nadie a quien se pueda identificar. Un día es una cantidad de gente; otro día, otra.
“Siempre con alguien que no sabemos” es como decir “nunca con alguien determinado”. Este es el emblema de la inseguridad que causa la línea y la propaganda del Gobierno de Pedro Castillo.
¿Qué quiere decir, por ejemplo, “siempre con el pueblo” en el conflicto minero de Las Bambas? ¿Que siempre se resolverá a favor de los bloqueadores de pistas? ¿O que siempre se favorecerá a los trabajadores mineros? ¿A los comuneros? ¿A miles de beneficiarios de las exportaciones de cobre?
Uno de los acuerdos a que ha llegado la Presidencia del Consejo de Ministros con las comunidades del corredor minero de Chumbivilcas es darle defensa legal y cancelar las denuncias contra los que bloquearon los caminos.
¿Qué seguridad se puede tener de autoridades que protegen a los que infringen la ley?
No hay seguridad jurídica para la inversión. Esta evidencia le pone punto final al crecimiento económico. El Gobierno se jacta del crecimiento del 13% del PBI, pero desconoce el daño de mediano plazo ocasionado por la inseguridad jurídica.
La inseguridad no se limita a las grandes inversiones, lamentablemente. La inseguridad ciudadana sigue siendo un problema prioritario al que no se le presta atención.
No tiene seguridad el que invierte en un pequeño restaurante o en un teléfono celular, como no la tiene el que invierte en una mina de cobre. No hay seguridad sobre lo que va a pasar porque el Gobierno está “siempre con el pueblo”.
Este año las cosas no van a mejorar; al contrario, cabe imaginar una precipitación de estos mismos problemas.
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