Justicia popular

¿Puede haber democracia con un sistema de justicia como el que existe en el Perú? Un sistema de justicia que no es garantía alguna de imparcialidad, independencia, celeridad ni transparencia. Sino, por el contrario, de corrupción, abuso y politización.

La judicialización de la política tiene un efecto negativo en la construcción de la institucionalidad. Aleja a los mejores cuadros dejando solo a aquellos que no tienen nada que perder y que están decididos a entrar a la política solo para beneficio personal o para defender intereses. Impide la formación de partidos y de políticos profesionales, dejándonos solo con los aventureros.

Aleja también a los ciudadanos de la política y reduce la confianza en el sistema democrático. ¿Significa esto que los políticos deberían tener carta blanca y continuar actuando impunemente? Por supuesto que no. Pero el Caso Cocteles es un claro ejemplo de la sinrazón. Se ha criminalizado las donaciones de campaña y forzado la figura del lavado de activos, en represalia política. Se ha incluido a más de 40 acusados, entre los que está Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep y quien no aportó a la campaña de Fuerza Popular. El delito resulta que no era delito en el momento de las donaciones. Podemos, sin duda, cuestionar la ética –de empresarios y políticos– de realizar aportes bajo la mesa y de ocultar a los verdaderos financistas. Pero no podemos continuar sosteniendo que, en el 2010, todos debíamos saber que Odebrecht era una empresa que utilizaba dinero de la corrupción para financiar partidos políticos y posicionarse en el Perú. De ser así, varias personas e instituciones que recibieron dinero de Odebrecht deberían estar siendo investigadas. Como el IPYS, que financiaba premios de periodismo con dinero de Odebrecht (2014-2015) y varias universidades a las que esta empresa les financió publicaciones.

Todo lo anterior ha alejado a los empresarios de la política, por temor a ser acosados por los medios y perseguidos judicialmente. Pero participar en política es un derecho constitucional. Y los ciudadanos podemos hacerlo, militando en un partido o a través de aportes económicos. En el partido de nuestra preferencia, sin que nadie pueda hostigarnos por ello.

Es muy difícil no reconocer que el sistema de justicia ha sido copado por fiscales y jueces ideologizados. O querer ocultar la profundidad de la captura del sistema judicial por el IDL y sus intereses políticos. Pero, más allá de lo anterior, los fiscales y jueces en nuestro país carecen de formación adecuada. Enfrentamos un gravísimo problema de falta de conocimiento de las normas, de la jurisprudencia y del concepto de legalidad. Los jueces no se atreven a enfrentarse a quienes han capturado el sistema judicial, y poco importa si sus decisiones se alejan de la justicia y la legalidad.

Más allá de las antipatías personales que uno pudiera tener, o de las preferencias o discrepancias políticas, este es un tema de instituciones y Estado de derecho.

Y, finalmente, es importante echar luces también sobre la responsabilidad de los medios de comunicación que sostienen la persecución política y tergiversan los hechos de acuerdo a la postura ideológica de sus propietarios.