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“Bienvenidos a SJL. Cuna de emprendedores”, dice el cartel municipal.
“Por precaución no saques tu celular”, le ha agregado a renglón seguido el ingenio criollo en un meme.
El chiste puede ser cruel con el orgullo del distrito, pero dice una verdad. Más aun, al poner a esta inmediatamente después de la que anuncia la municipalidad –“cuna de emprendedores”– crea una síntesis muy didáctica del Perú actual.
Y es que, efectivamente, San Juan de Lurigancho (SJL) es hoy un distrito de emprendedores. De acuerdo con el INEI, es el distrito con más hogares de clase media del país. Y el segundo en el que se abren más negocios.
Al mismo tiempo, SJL es un distrito en el que conviene tener cuidado con el celular. Fue el distrito con más denuncias por robos y hurtos en el 2017.
El contraste, tan elocuente, vale para SJL, pero también para el país entero (del que, por lo demás, SJL es el distrito más grande). E invita, creo, a la reflexión –como suele hacerlo la sátira que da en un clavo–.
Desde las reformas (semi) liberalizadoras de los noventa, la economía peruana empezó a multiplicar la inversión y las oportunidades, y produjo un crecimiento que ha continuado hasta hoy prácticamente sin hiatos, reduciendo la pobreza del casi 60% en que estaba al comenzar los noventa a 21,6%. En paralelo, el marco institucional –el que genera, aplica y hace valer las reglas que a todos nos rigen– siguió en la pobreza en la que, al igual que la población, vivía antes de este cambio de modelo económico. Nunca tuvo el equivalente al embate de reformas estructurales que tuvo nuestra economía.
Si alguien esperaba que la reforma de las instituciones se comenzara a dar como resultado natural del crecimiento y la generación de clase media, la decepción tiene que haber sido grande. El crecimiento era condición necesaria para cualquier reforma institucional con opciones realistas de éxito, sin duda. Pero un presupuesto solo no hace magia: el presupuesto de nuestro Poder Judicial es hoy 5,5 veces mayor al de hace 20 años, y ya vemos.
Tendría sentido que entre las causas de la permanente postergación de nuestra reforma institucional haya estado la creencia de que acá se puede vivir y prosperar privadamente, al margen de cómo funcionen las instituciones de esa vida en común que llamamos Perú. No sería de extrañar que una creencia así haya agarrado raíces fuertes desde la experiencia de quienes por generaciones tuvieron que hacerse en la informalidad (al margen del Estado), o vivieron su vida en lo que para todo efecto son guettos acomodados en los que “el Perú” acostumbra entenderse como lo que está afuera de ellos. Podría ser. En cualquier caso, por muy complejas que sean las causas de esta postergación, la enorme gravedad de sus consecuencias está clara.
De hecho, tanto la persistencia de estos guettos (que se han vuelto también una realidad dentro de los conos) como la de la informalidad constituyen de por sí una costosa consecuencia de esta postergación. Por otra parte, como escape, son evidentemente insuficientes. Insuficientes, por ejemplo, para escapar de realidades como nuestro Poder Judicial, al que en una buena medida todos los que tenemos vida, contratos y cosas en el Perú estamos inevitablemente sometidos (los arbitrajes pueden desembocar ahí); como las calles en las que nos movilizamos; como las elecciones cuyos resultados todos, interesados en ellas o no, vivimos; o, desde luego, como la cultura.
Esto, la cultura, acaso sea la más omnipresente y menos notada consecuencia de nuestro sistema de reglas muertas e instituciones rotas. Me refiero a los modos y costumbres que los peruanos hemos solidificado viviendo bajo los incentivos permanentes que crea para el abuso y la criollada un entorno donde al que respeta el derecho del otro le pasa lo que les ocurre a los carros que respetan las reglas en nuestras calles: verse permanentemente atrasados, cerrados, atacados por los que no las respetan.
Los peruanos debemos empezar a priorizar la reforma institucional (sin la que, por otro lado, el crecimiento estará siempre lastrado). Y, dentro de esta, para poder ser efectivos, debemos enfocarnos y anteponer la reforma de las instituciones que sirven para elegir y controlar a los que crean las leyes (sistema de partidos y reglas electorales) y la de las que sirven para hacer que estas leyes se cumplan (principalmente, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía). SJL tiene que seguir siendo, y cada vez más, un lugar de emprendedores. Pero de emprendedores que puedan sacar con toda tranquilidad el celular.