La sostenibilidad del ministro Urresti, por César Azabache C.

Resulta contraproducente persistir, como persiste el Ejecutivo, en alejar todo contenido político del manejo de la seguridad ciudadana. El problema de la seguridad ciudadana es resultado de nuestra enorme incapacidad para asegurar de manera sostenida y extendida la vigencia de la ley y el castigo a quienes la infringen en todos los niveles y ámbitos de la sociedad.

La seguridad requiere como fundamento el fortalecimiento de las instituciones que la soportan. Es imposible ofrecer seguridad a las personas sin contar con una policía estrictamente pública (un cuerpo de policía que trabaja para empresas privadas alternadamente no lo es), procedimientos judiciales oportunos y fáciles de entender y condenas efectivas cumplidas de manera visible para todos.

Contar con estos elementos requiere de acuerdos claros en materia de gasto público y desarrollo del sistema legal y estos acuerdos requieren planes que puedan debatirse colectivamente, compromisos explícitos y decisiones que todos sintamos como propias. El pragmatismo del ministro Daniel Urresti va en dirección opuesta a estas condiciones. Confirma que el Ejecutivo se niega a definir un plan de seguridad que merezca tal nombre y esto asegura la pérdida de los dos años que median entre el presente y el 2016 en este sector.

Sin duda, el pragmatismo del ministro Urresti responde a esa actitud de rechazo que se ha impuesto entre nosotros desde los primeros 90 hacia “lo político” entendido como si fuera una entelequia abstracta y prescindible. Por eso el pragmatismo resulta tan atractivo. Atractivo como rechazar la reimplantación del Senado, mirar con desinterés a quienes usan cargos públicos para enriquecerse, mantener los partidos como concesiones electorales, eludir el pago de impuestos o cruzar las pistas saltando rejas para no desgastarse en el esfuerzo que representa usar puentes peatonales.

La tasa de aceptación al primer mes del ministro Urresti confirma que, como tendencia, los electores no buscan política en la política interior. Buscan gestos escénicos y se hacen adictos a su repetición con extrema facilidad. Como consecuencia, acortan el tiempo en el sector a tal extremo que el propio ministro puede afirmar sin rubor que una designación como la suya puede durar un mes o un año, cuando en Economía, donde la improvisación es claramente imposible, el ministro Luis Miguel Castilla exhibe tres años de continuidad ininterrumpida.

El pragmatismo que enarbola el ministro Urresti, además de adictivo, es altamente corrosivo. Se traga su propia sostenibilidad y lo hace a un ritmo cada vez más acelerado. El perfil que ha adoptado lo condena al agotamiento y al recambio rápido. Y esto aún sin considerar que las declaraciones de por lo menos dos testigos hacen casi inminente que sea llevado a juicio en cualquier momento por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra.

En la otra cara de la moneda, un grupo de expertos independientes ha puesto ya sobre la mesa la plataforma de un acuerdo conjunto en materia de seguridad ciudadana que, en mi opinión, merece ocupar un lugar en la lista de acuerdos institucionales permanentes en que ahora están el respeto a la libertad de prensa y la regulación del gasto público (véase “Demandamos seguridad”, por Fernando Rospigliosi, El Comercio 20 de julio del 2014). ¿Nos alcanzarán los dos años que le quedan a este gobierno para establecerlo como pacto colectivo?