En el próximo quinquenio el crecimiento promedio anual del sur del Perú será superior al 10%. Esto no es una certeza, pero es una posibilidad real y depende solo de nosotros impedir lo que la propia dinámica de las inversiones se encargaría de realizar.
Este pronóstico se sustenta en dos elementos. El primero es el número de grandes proyectos de inversión que se realizarán en los próximos años y que, bien aprovechados, más allá del impacto inmediato en actividad económica por el proceso de construcción, puede implicar un aumento permanente de la capacidad productiva del sur, sosteniendo altas de crecimiento por varios años más.
Con cifras oficiales, revisemos algunos de los grandes proyectos: gasoducto del sur, que implica una inversión de US$4.000 millones y que se construirá del 2014 al 2019; el nodo energético, que implica una inversión de US$800 millones, ejecutada del 2014 al 2017; la central hidroeléctrica de Molloco, que producirá 300 megas con inversión de US$700 millones y que entrará en producción comercial en el 2020; Majes Siguas, con una inversión de US$405 millones del 2014 al 2017 y que incorporará 40 mil nuevas hectáreas de cultivo a la frontera agrícola; el aeropuerto de Chinchero, que implicará una inversión total de US$470 millones del 2015 al 2019, entre otros.
El segundo elemento es la inversión minera. Proyectos de inversión en marcha como Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, así como otros que deberían empezar pronto, como Tía María y Quellaveco, implicarían que al 2020 la producción de cobre del sur del Perú podría más que triplicarse, llegando a 2,5 millones de toneladas. Un cálculo aproximado implicaría en puestos de trabajo directos pasar de los 90 mil puestos actuales a más de 220 mil puestos directos, lo que significaría un adicional de US$3.500 millones anuales en remuneraciones, US$6.000 millones adicionales en impuestos anuales y más US$8.000 millones anuales en demanda intermedia, asumiendo que los precios del cobre se mantienen constantes. Ahora bien, con la relación de puestos indirectos a directos obtenida por el IPE (9 a 1) tendríamos cerca de 2 millones de nuevos puestos relacionados con la actividad minera en todo el sur del Perú.
Nos hemos lamentado mucho de la pérdida de tiempo del Ejecutivo en sacar proyectos de inversión: podríamos haber tenido Tía María y Quellaveco en las etapas finales de construcción y el gasoducto en plena construcción. Pero más allá de lamentarse por la pérdida de tres años, el Ejecutivo debería centrarse en consolidar la ejecución de estos proyectos (¿por qué siguen las demoras con el proyecto Majes Siguas?) y realizar su tarea en infraestructura y capital humano que no la puede realizar el sector privado.
¿Sabemos cuántos trabajadores calificados se necesitarán en el sur para los proyectos energéticos y mineros? ¿Estamos promoviendo asociaciones público-privadas educativas con institutos tecnológicos privados para la capacitación de la mano de obra? ¿Y qué hay de asociaciones público-privadas para autopistas, puertos, telecomunicaciones y ferrocarriles?
Adicionalmente, el Ejecutivo debería tener un plan para uso eficiente de los mayores recursos del canon. Cálculos aproximados solo en tema de minería de cobre nos da que al 2020 se habría transferido a los gobiernos regionales y locales del sur más de S/.28 mil millones en concepto de canon y regalías. En el lado de control, se requiere de fortalecimiento de la contraloría y en el lado de coordinación se requiere de instrumentos y programas para inducir la inversión descentralizada en conectividad, acceso a agua y mejora de capital humano; antes de pensar que se cambiará la Ley del Canon.
Como se observa, la tarea del gobierno no es simple y requiere focalización y compromiso. Así que, en vez de andar perdiendo el tiempo (y plata) en actividades propias del sector privado (como invertir en refinerías o querer diversificar la producción), debería concentrarse en hacer bien su tarea. Y solo entonces se dará cuenta de que el crecimiento económico al 7% por año no es sueño.