Tareas monumentales de restauración, por Roberto Abusada Salah

La reciente votación en el Congreso, mediante la cual se otorga a  Petro-Perú la explotación del lote 192, dio el puntillazo definitivo a la confianza empresarial, el imperio de la ley y el carácter unitario de la nación. No interesó a los legisladores que existiese un contrato firmado con un operador para que explote el lote por dos años. Tampoco importó que  Petro-Perú no tenga la capacidad técnica ni financiera para operar dicho lote. Menos aun que existiese el impedimento de hacerlo desde que se dictara la ley que allanó el camino para la construcción de la refinería de Talara. El comportamiento del Parlamento se puede equiparar al dictado de una ley que otorgue la explotación de un lote de Camisea a una envasadora de balones de gas debido a que una turba de reclamantes interrumpieron carreteras y quemaron llantas para exigir se legisle tal despropósito.

Con menos de un año hasta el cambio de gobierno, queda claro que no se podrá esperar atisbo alguno de racionalidad económica durante lo que resta del actual régimen. No importa lo que planeen ejecutar los ministerios, sus decisiones serán modificadas o anuladas por los miembros del Congreso si con ello avivan la esperanza de reelección sin consideración alguna al daño que pueda acarrear a la gobernabilidad de la nación.

¿Qué país recibirá el nuevo régimen en julio próximo? No cabe duda de que en lo esencial los fundamentos macroeconómicos del país permanecen sólidos y otorgarán al próximo gobierno un margen adecuado para mantener la solvencia económica.

Aun así, la reciente publicación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) contiene pautas que de cumplirse maniatarían al próximo gobierno a mantener su gasto constante en términos reales (a menos que se promulguen aumentos de impuestos) e impedirían, por ejemplo, cubrir los costos de reforma de la administración pública o efectuar los desembolsos comprometidos en importantes asociaciones público-privadas cofinanciadas. 

La regla fiscal se deberá modificar nuevamente, erosionando la credibilidad y confianza en el manejo de las finanzas públicas que la Ley de Responsabilidad Fiscal debía proveer. Siendo este último un problema importante, su gravedad palidece frente a la magnitud de los problemas que deberá enfrentar en la esfera política quien asuma la conducción del Estado. 

La próxima administración recibirá un Estado disfuncional y de facto federal, en que los gobernadores regionales asumen que los recursos del subsuelo o el agua pertenecen a la región y en que la representación ciudadana está compartida, por un lado, alcaldes y gobernadores, y, por otro, grupos de poder (“frentes de defensa” y demás) que no han sido elegidos y que se arrogan mayor representatividad que las propias autoridades electas. Todo esto implica que el nuevo gobierno deberá invertir la mayor parte de su capital político en recuperar el carácter unitario de la nación y la autoridad de la que los titulares de los órganos rectores del Gobierno Central han abdicado tan irresponsablemente.

Maniatado por la maraña administrativa que ha proliferado sin impedimento alguno, el gobierno entrante tendrá que enfrentar una estructura de controles, permisos, ordenanzas y trámites administrativos alojados en mecanismos burocráticos invasivos, opacos, impredecibles y sofocantes. Se trata de una estructura que no admite reforma alguna.

En una columna publicada en estas páginas el 18 de julio, el abogado Alfredo Bullard resume con crudeza las conclusiones de un reciente Congreso Internacional sobre Regulación, en el que se analizó el caso peruano. Bullard argumenta: “Es posible que lo que se busque sean normas que le pongan ‘retroceso’ al ‘carro regulatorio’, de manera de tratar de forzar a los funcionarios a regresar sobre sus propios pasos (aquellos que los llevaron a crear todo tipo de regulaciones absurdas) y desmantelar la red de trámites y exigencias que ahogan al sector privado. Pero eso no va a funcionar”. 

El único camino por seguir será hacer tabla rasa de toda la telaraña existente para luego empezar a diseñar desde sus cimientos una nueva estructura regulatoria para los tres niveles de gobierno.

Súmese a todo esto la reorganización de la Policía Nacional y el Poder Judicial para enfrentar la inseguridad ciudadana y la corrupción, y comprenderemos la titánica tarea refundacional que enfrentará quien sea elegido el próximo abril.