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MILTON VON HESSE
Ministro de Agricultura y Riego
De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2012, existen en el Perú más de cinco millones de parcelas que representan una superficie agropecuaria que supera las 38 millones de hectáreas. El Censo Agropecuario reveló, asimismo, que apenas un millón de dichas parcelas cuentan con un título de propiedad inscrito en los Registros Públicos, lo que significa, en cristiano, que solo poco más de un tercio de la superficie agropecuaria de nuestro país se explota en condiciones de formalidad.
¿Es importante formalizar a los dos tercios restantes? La respuesta simple y concisa es sí. Estudios internacionales realizados por diversos investigadores e instituciones de prestigio en el ámbito mundial (Banco Mundial, Feder y Hoff) y nacional (ILD, De Soto y Grade, Escobal) han demostrado que los agricultores que realizan sus actividades en un entorno de seguridad jurídica y formalidad se diferencian de los que no lo hacen en que acceden más al crédito, registran una mayor inversión y una mayor productividad por hectárea.
En el caso peruano, además, la formalización de la propiedad de la tierra rural ha sido una herramienta poderosísima en la lucha contra el narcotráfico y la explotación ilegal de madera. La región San Martín y su ex presidente César Villanueva demostraron claramente que en la medida que cada centímetro cuadrado de su territorio esté asociado a un número de DNI, el incentivo para actuar fuera de la legalidad desaparecerá.
Durante la década pasada, la institucionalidad que estaba encargada de ejecutar la política de titulación y registro de tierras sufrió modificaciones profundas cuando se fusionaron el PETT y Cofopri y, luego, se trasladaron las competencias en materia de titulación de Cofopri a los gobiernos regionales. Estas modificaciones han tenido como correlato que el proceso de formalización de tierras rurales haya avanzado muy poco.
En el presente gobierno, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ha retomado el papel como ente rector en materia de titulación de tierras rurales, comprendiendo a las comunidades campesinas y comunidades nativas, con el propósito de tener una relación de cooperación más estrecha con las autoridades regionales, que mantiene la competencia y la función de titulación en áreas rurales, para brindarles la asistencia técnica en el proceso de saneamiento y formalización.
Para ello, el Minagri trabaja con el BID la elaboración de un proyecto por US$50 millones, cuya finalidad es el saneamiento y formalización de la propiedad rural, comprendiendo la titulación de las comunidades campesinas y nativas. Este proyecto tiene, entre sus componentes, el fortalecimiento institucional para la formalización y administración de las tierras rurales; la actualización de los datos catastrales rurales existentes y fortalecimiento del catastro rural y registro de tierras; así como la administración, monitoreo y evaluación. Se estima que en el segundo semestre de este año se inicie la ejecución del crédito.
